La agricultura fue inventada por mujeres, encargadas de la recolección, y surgió como obra colectiva que hoy sostiene la alimentación de la humanidad. Papas, maíz, arroz, trigo y porotos son resultado de miles de años de observación y mejoramiento campesino. Las papas eran pequeñas y tóxicas; el maíz, una espiga insignificante; el arroz, una espiga frágil que se desgranaba con el viento. Comunidades indígenas y campesinas de al menos doce regiones del mundo, cuatro en América Latina, convirtieron esas plantas en cultivos de alta producción.
A diferencia del agua, la tierra y el aire, bienes naturales, las semillas de los cultivos son obra humana colectiva. Por eso se cuidan, se comparten, se seleccionan y se guardan año tras año. Gracias a esa circulación libre por milenios, los europeos conocieron la papa y la gastronomía italiana incorporó los tomates.
Hoy ese acto milenario está siendo convertido en delito. Empresas semilleras transnacionales presionan a los gobiernos para imponer leyes de semillas y la convención internacional UPOV mediante tratados de libre comercio. Buscan el control exclusivo de las semillas para dominar la agricultura y la alimentación, castigando incluso con cárcel a quienes las compartan. El Estado chileno acumula décadas de sumisión frente a estos procesos, restringiendo y persiguiendo los sistemas campesinos de semillas.
Actualmente, el gobierno busca dar un golpe más: convertir el intercambio y la libre circulación de semillas en un delito castigable con multas impagables, creando condiciones para que las empresas tomen el control. Frente a esto, cientos de comunidades en Chile y millones en el mundo resisten multiplicando las formas de compartir. En 2018, Naciones Unidas declaró que los Estados deben respetar y proteger el derecho a las semillas de los campesinos. El apoyo de los sectores urbanos será decisivo para que esa defensa no quede en el papel.
