La historia de las luchas sociales está marcada por un pulso constante entre el poder establecido y las formas de organización popular que buscan transformar las estructuras de dominación. Desde los movimientos obreros del siglo XIX hasta las manifestaciones antiglobalización del siglo XXI, cada avance en la capacidad de movilización ciudadana ha generado una respuesta institucional destinada a contener, desarticular o criminalizar la protesta. Este patrón se repite hoy con una intensidad renovada, evidenciando que las clases dominantes reconocen en la organización popular una amenaza existencial a sus privilegios.
La actualidad muestra un mapa preocupante de esta ofensiva global. En Argentina, los protocolos antipiquetes de Patricia Bullrich buscan limitar el derecho a la protesta; en El Salvador y Ecuador, los estados de excepción se convierten en instrumentos para suspender garantías constitucionales; en Chile, la criminalización del pueblo mapuche bajo el discurso de la "excepcionalidad" regional; y en Suiza, donde la derecha ahora solicita prohibir manifestaciones en Ginebra, ciudad que fue epicentro de las protestas contra el G20 en 2003. Este patrón no es casual: responde a una estrategia coordinada que busca desarmar las herramientas de empoderamiento colectivo.
La memoria histórica se convierte en otro campo de batalla. Mientras Argentina se aproxima al 50° aniversario del golpe de Estado más sangriento de su historia, el gobierno de Javier Milei intenta diluir el recuerdo en el horror, evitando que se reconozca cómo aquella dictadura -al igual que su administración- fue orquestada por poderes internacionales con la complicidad de sectores empresariales locales y la Iglesia Católica. Se trata de un esfuerzo por sepultar no solo la memoria del terror, sino también la memoria de la resistencia y la potencia militante que enfrentó a la dictadura.
Los sindicatos, históricas herramientas de organización obrera, han sido sistemáticamente debilitados mediante estrategias que van más allá de la corrupción de dirigentes. "Carpetazos", infiltraciones, amenazas y persecuciones han minado su capacidad de representación genuina, transformando muchas centrales obreras en estructuras burocráticas alejadas de sus bases. Este desarme organizacional no es espontáneo: responde a diseños deliberados desde el poder para neutralizar la capacidad de lucha colectiva.
El caso suizo es particularmente revelador. En 2003, Ginebra -considerada una de las ciudades más ordenadas del mundo- fue escenario de un caos controlado por manifestantes que lograron evadir cámaras de seguridad, seguimiento digital y satelital, demostrando que la organización popular puede superar incluso los dispositivos de vigilancia más sofisticados. La respuesta policial internacional (con participación de fuerzas de Alemania, Francia, Italia y Suiza) y el posterior "escrache" recíproco entre manifestantes y policías evidencian la dimensión transnacional de este conflicto.
Por esto, pretender que la manifestación, la huelga o la protesta callejera son estrategias del pasado constituye un error de cálculo monumental. Por el contrario, en un contexto de creciente desigualdad y autoritarismo, estas herramientas adquieren renovada vigencia. La tarea del campo popular consiste en renovar sus dirigencias, asegurando que quienes las ejerzan respondan genuinamente a las necesidades colectivas, y en defender el sindicalismo como instrumento de lucha que no puede quedar en manos del poder hegemónico ni de sus representantes domesticados. La calle sigue siendo, hoy más que nunca, el espacio donde se disputa el futuro.
