El gobierno de Nasry Asfura enfrenta duras críticas por avanzar hacia la privatización del sistema sanitario en medio de un déficit de 18.000 médicos y despidos masivos, justo cuando el mandatario participa en cumbres internacionales promoviendo inversiones extranjeras.
El diputado oficialista Carlos Umaña denuncia una "masacre laboral" en el sector salud, con más de 3.500 médicos sin salario y despidos ejecutados mediante WhatsApp. La Secretaría de Salud (Sesal) es señalada como responsable de estas prácticas que debilitan el sistema público para abrir paso a la medicina privada. "La medicina privada no tiene capacidad para absorber la totalidad, pero sí posibilita que empresarios hagan negocios con intereses estrictamente económicos", advierte Umaña, quien rechaza cualquier intento de privatización como inconstitucional.
Esta crisis sanitaria se desarrolla en paralelo a la participación de Asfura en la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, donde el mandatario hondureño se reunió con Nayib Bukele y recibió el respaldo del régimen Trump. En el evento, Asfura anunció megaproyectos como el ferrocarril interoceánico y subsidios al diésel, prometiendo también resolver la mora quirúrgica que supera los 90 días en hospitales públicos.
La contradicción es evidente: un gobierno que en foros internacionales promete fortalecer la salud nacional, pero que en la práctica aplica políticas de desmantelamiento del sistema público. El Colegio Médico Hondureño reporta casos de galenos impedidos de ingresar a sus turnos nocturnos y credenciales biométricas eliminadas del sistema, evidenciando una estrategia sistemática de precarización laboral.
La salud como derecho fundamental se convierte en moneda de cambio dentro de la lógica neoliberal que prioriza las alianzas con el capital privado y los acuerdos geopolíticos sobre el bienestar de la población. La resistencia del gremio médico y las advertencias desde el propio oficialismo muestran que la batalla por la salud pública en Honduras está lejos de terminar.
