La motosierra neoliberal avanza implacable sobre la salud pública argentina. En un movimiento coordinado, el régimen de Javier Milei ejecuta un ajuste sistemático que combina el desfinanciamiento de programas esenciales con el desmantelamiento de capacidades científicas, generando una tormenta perfecta que amenaza décadas de logros sanitarios. El Plan Remediar, pilar fundamental del acceso a medicamentos para millones de argentinos, enfrenta su desaparición tras una reducción del 55% en los envíos a provincias como Santa Fe. La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, denunció que el programa finalizó formalmente el 1° de abril, reemplazado por una línea reducida que incluiría apenas tres medicamentos para enfermedades cardiovasculares.
Este desmantelamiento se complementa con el cierre del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE-ANLIS Malbrán), el Centro Nacional de Control de Calidad y el Centro Nacional de Nutrición, mediante el Decreto 192/26. La Mesa Federal Ciencia y Tecnología alertó sobre el despido de 39 profesionales y la pérdida de capacidades críticas para enfrentar enfermedades como dengue, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla. La Unidad Operativa de Vectores en Córdoba, con más de 40 años de trayectoria y la mayor biodiversidad de vinchucas de América Latina, quedó sin funcionamiento efectivo.
La crisis se agrava con una escasez generalizada de vacunas que afecta a múltiples provincias. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, denunció que solo llegó el 44% de las dosis pediátricas antigripales y apenas el 22% para adultos. Hay faltantes críticos de varicela, VPH, BCG, hepatitis B pediátrica y fiebre amarilla. El gobierno nacional intenta culpar a la Organización Panamericana de la Salud por problemas logísticos derivados del conflicto en Medio Oriente, pero la ley 27.491 establece claramente la responsabilidad del Estado nacional en garantizar el calendario de vacunación.
Las consecuencias epidemiológicas ya son visibles. Argentina registra las coberturas vacunales más bajas de su historia, con ninguna vacuna alcanzando el 95% necesario para inmunidad colectiva. El brote de coqueluche (tos convulsa) causó 11 fallecimientos en menores de dos años durante 2025, todos en niños sin vacunar o con esquemas incompletos. En las primeras 11 semanas de 2026 se confirmaron 252 casos, superando todos los registros del mismo período desde 2019. Ximena Juárez, del Hospital Elizalde, advirtió sobre el aumento significativo de casos que requieren internación, destacando que la mayoría de estos niños no tenía el esquema completo de vacunación.
Esta crisis sanitaria configura un ataque sistemático contra el Estado de bienestar. La desregulación, subejecución presupuestaria y desmantelamiento de capacidades responden a una lógica neoliberal que prioriza el ajuste fiscal sobre la vida de las personas. La salud pública, conquista histórica de las luchas populares, se convierte en víctima de un proyecto político que busca destruir todo lo colectivo para imponer una lógica individualista y mercantil. La resistencia de trabajadores de la salud, científicos y comunidades organizadas emerge como única defensa posible ante este despojo sistemático de derechos fundamentales.
