Los datos oficiales del INDEC revelan una realidad cruda: el trabajo en negro ya afecta a 9 millones de personas, representando el 43% de la población ocupada. Esta cifra marca un crecimiento sostenido desde el 41,4% de fines de 2023, con un incremento de 1,6 puntos en dos años que equivale a 330.000 trabajadores más sumergidos en la precarización.
La situación expone las fallas estructurales del modelo económico. Quienes trabajan "en negro" desarrollan sus actividades al margen de las normas laborales, sin aportes jubilatorios, cobertura de salud ni seguros por accidentes. Esta ausencia de protección social se traduce en salarios más bajos y vulnerabilidad extrema. Del total, 5,5 millones son asalariados no registrados y 3,5 millones trabajan por cuenta propia en situación informal, siendo este último grupo el más afectado con un 63,3% de informalidad.
La concentración sectorial revela patrones de desigualdad histórica. El comercio lidera con 2 millones de trabajadores informales, seguido por la construcción con 1,4 millones y el servicio doméstico con 1,1 millones. Preocupa especialmente el servicio doméstico, donde la precarización alcanza el 78%, y la construcción con el 73,8%. La desigualdad de género también se manifiesta: el 44,5% de las mujeres ocupadas está en la informalidad, frente al 41,8% de los varones.
Un dato revelador muestra que el 69,5% de los trabajadores informales se desempeña en establecimientos de hasta cinco personas, evidenciando cómo la precarización se arraiga en las pequeñas unidades productivas. La sobreocupación tampoco es ajena a esta realidad: un 27% trabaja más de 45 horas semanales.
Este avance del trabajo en negro consolida uno de los principales problemas del mercado laboral argentino, con impacto directo en los ingresos, la estabilidad y los derechos básicos de millones. La informalidad no es solo un número estadístico: es la expresión concreta de un sistema que prioriza la flexibilización sobre la dignidad laboral, profundizando desigualdades y dejando a casi la mitad de la fuerza trabajadora fuera de la protección social que merece.