La Justicia bonaerense ordenó el desalojo de aproximadamente 50 empleados que residen en el Complejo Chapadmalal, emblemático espacio del turismo social inaugurado durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. La Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgó un plazo de diez días para abandonar el predio, bajo amenaza de intervención de la fuerza pública en caso de incumplimiento. Este operativo se enmarca en el proyecto oficial de concesionar el complejo por 30 años a capitales privados, siguiendo la lógica extractiva del modelo neoliberal.
El Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo judicial para frenar la medida, denunciando que el desalojo implica no solo la pérdida de vivienda sino también la interrupción de las tareas laborales que sostienen el complejo. Legisladores y concejales impulsan alternativas como la transferencia a la Provincia o el uso educativo del predio, resistiendo la privatización total. Chapadmalal, construido con financiamiento de la Fundación Eva Perón, representa un símbolo de las políticas de inclusión social que facilitaron el acceso a vacaciones en la costa a familias trabajadoras.
La ofensiva contra este patrimonio colectivo refleja la profundización del ajuste estructural, donde bienes públicos históricos son entregados a privados bajo el discurso de la "eficiencia". Los trabajadores alertan sobre el impacto social inmediato: familias enteras quedan en la incertidumbre, sin alternativas habitacionales ni laborales garantizadas. Este conflicto se suma a la creciente tensión en la región de Mar del Plata, donde se multiplican los reclamos por la defensa del empleo ante el avance de políticas que privilegian el lucro sobre los derechos sociales.
La resistencia organizada desde ATE y sectores políticos provinciales cuestiona la legitimidad de un proceso que desconoce la dimensión histórica y social de Chapadmalal. La defensa de este complejo trasciende la mera conservación edilicia: es la protección de un modelo de turismo popular que contradice la lógica mercantilista impuesta por el gobierno nacional. La solidaridad entre trabajadores y la articulación con legisladores que proponen alternativas públicas marcan el camino de la resistencia frente al despojo neoliberal.
