El Servicio Meteorológico Nacional se sumerge en una crisis sin precedentes. Con 140 despidos ya ejecutados y otros 100 anunciados para octubre, el organismo que monitorea el clima argentino enfrenta un vaciamiento sistemático disfrazado de "modernización". Los trabajadores responden con un apagón informativo este viernes que dejará sin pronósticos al país entre las 5 y las 12 horas, medida que paralizará el tráfico aéreo nacional. "Sin nuestra información meteorológica, los aviones no pueden despegar", advierte ATE, el gremio que convoca al paro.
La situación es alarmante: el SMN opera con apenas 600 empleados, casi la mitad de la dotación mínima necesaria establecida en 1.156 trabajadores. Treinta estaciones ya dejaron de informar durante la noche, creando puntos ciegos en el monitoreo climático. Ana Saralegui, delegada de ATE, denuncia que "la población queda indefensa" ante fenómenos extremos. Desde Santa Cruz, el diputado Carlos Alegría presentó un proyecto de resolución rechazando el ajuste, alertando sobre el impacto en localidades patagónicas como Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.
Silvina, trabajadora del SMN, explica la dimensión estratégica: "Existimos para proteger a la población. No podemos evitar inundaciones, pero sí pronosticar y tener un sistema de alerta temprana robusto". El debilitamiento afecta sectores clave: agricultura, energía, pesca y transporte aéreo. El Ministerio de Defensa justifica los recortes como "automatización", pero los datos muestran un desmantelamiento progresivo que compromete la seguridad nacional.
Esta lucha trasciende lo gremial: cuestiona qué tipo de Estado se está construyendo. Un servicio público esencial como la meteorología no puede reducirse a lógica de mercado sin poner en riesgo vidas humanas. Los trabajadores demuestran con su apagón que su labor es invisible hasta que falta, revelando la hipocresía de un discurso modernizador que en realidad significa menos protección para la ciudadanía. La solidaridad patagónica con la protesta marca un frente regional contra el ajuste, recordando que el clima no entiende de fronteras administrativas ni de recortes presupuestarios.
