Los docentes universitarios anunciaron un paro total para la última semana de abril y preparan una marcha federal en mayo. La medida responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva 181 días sin aplicación pese a haber sido ratificada por dos tercios del Congreso y contar con fallos judiciales favorables. El Ejecutivo se erige como el único poder del Estado que se niega a acatar la norma. En el plano salarial, los gremios exigen un aumento del 55% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.
La realidad cotidiana de los académicos es dramática. En Salta, docentes con título de doctorado deben vender bollos los fines de semana para subsistir. Un profesor con dedicación semiexclusiva (20 horas) percibe apenas $500.000 mensuales, cuando la ley garantizaría entre $760.000 y $780.000. "Básicamente te están debiendo un sueldo extra cada dos meses", denuncia Diego Maita de ADIUNSA. El gobierno intenta reconocer solo el 12% de pérdida de 2025, ignorando el 37% de 2024 y los casi 6 puntos de 2026.
La Casa Rosada busca reactivar un proyecto para evitar desembolsar $2,5 billones a las universidades, desafiando fallos judiciales. Esta estrategia de desfinanciamiento sistemático refleja la lógica neoliberal que concibe la educación como gasto, no como inversión. La resistencia docente expone cómo el ajuste destruye no solo salarios, sino el conocimiento científico que el país necesita para desarrollarse. La universidad pública, históricamente espacio de movilidad social, se convierte en territorio de supervivencia donde la ciencia se mezcla con la venta ambulante.
