Dos denuncias penales estallaron contra Javier Milei y su equipo por el sistemático recorte a las políticas de discapacidad. Familiares, organizaciones y trabajadores del Hospital Garrahan presentaron escritos ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5, acusando al gobierno de abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. La causa incluye al presidente, a Mario Lugones (titular de Salud), Diego Spagnuolo (ex titular de ANDis) y Alejandro Vilches (actual secretario de Discapacidad).
El colectivo de la discapacidad enfrenta una crisis humanitaria que se profundiza con cada medida del Ejecutivo. Pese a que el Congreso logró sortear el veto presidencial a la ley de emergencia, el gobierno se niega a implementarla. En su lugar, envió al Parlamento un proyecto titulado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que establece un reempadronamiento obligatorio con requisitos médicos, económicos y laborales más estrictos. Quienes no cumplan verán suspendidos automáticamente sus pagos.
La denuncia detalla cómo el régimen de Milei ejecutó un ajuste sistemático desde su asunción: recortes presupuestarios masivos, suspensiones arbitrarias de beneficios, incumplimiento de fallos judiciales y promoción de un discurso estigmatizante. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advierte que el proyecto viola derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desconoce declaraciones de inconstitucionalidad judiciales.
Este miércoles, el colectivo convoca a una concentración frente al Ministerio de Salud, sumándose a las movilizaciones de jubilados que cada semana protestan en el Congreso. La resistencia crece contra lo que las denunciantes califican como "política del desamparo dolorosa y deliberada". El gobierno insiste en narrativas de fraude no demostradas, como el caso de radiografías de perros que el propio vocero Adorni utilizó en conferencias, hoy cuestionado por el crecimiento exponencial de su patrimonio.
La situación expone la contradicción entre el discurso libertario y la práctica autoritaria que recorta derechos sociales básicos. Mientras la corrupción salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad con licitaciones que involucran a laboratorios y funcionarios cercanos al poder, miles de personas quedan sin atención en todo el país. La judicialización de estas políticas marca un punto de inflexión donde la sociedad civil utiliza las herramientas legales para frenar el desmantelamiento del Estado social.
