El gobierno de Santiago Peña enfrenta una ola de movilizaciones indígenas y campesinas que denuncian políticas de exclusión sistemática. El cierre de la sede del Instituto del Indígena marca un punto de inflexión en la agresión contra los pueblos originarios, donde el 90% vive en pobreza extrema. Esta acción gubernamental se suma a un modelo productivo agroexportador que margina a comunidades históricamente despojadas.
Organizaciones indígenas y campesinas se han unido en jornadas de protesta que exigen tierra, territorio y producción. Los manifestantes buscan establecer una mesa de diálogo con las autoridades, aunque las perspectivas son sombrías. Los datos revelan una realidad escalofriante: aunque los indígenas representan poco más del 2% de la población paraguaya, casi el 98% carece de tierras tituladas. Existen 200 asentamientos indígenas sin documentación legal, una situación que el Instituto Nacional del Indígena debería resolver urgentemente.
Las comunidades también denuncian la ausencia de una política nacional de producción de alimentos que apoye a las familias agricultoras. La criminalización de la lucha por la tierra se materializa en la Ley Riera Zavala, que penaliza las exigencias por el derecho al acceso territorial. Esta legislación opera en un país donde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) distribuyó cerca de 8 millones de hectáreas a personeros del régimen, tierras que constitucionalmente debían destinarse a la reforma agraria.
La movilización actual no es un hecho aislado sino la expresión de décadas de despojo y marginación. El cierre del Instituto Indígena simboliza la profundización de políticas neoliberales que privilegian el agronegocio sobre los derechos humanos fundamentales. En Paraguay, la lucha por la tierra sigue siendo una batalla por la dignidad y la supervivencia de pueblos que resisten ante un modelo económico que los considera obstáculos para el progreso.
