Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, volvió a sacudir el avispero diplomático. En una serie de declaraciones contundentes, la funcionaria exigió a los países europeos que dejen de hacerse los distraídos y corten de inmediato todo intercambio comercial con Israel. Según Albanese, las medidas parciales como "restringir" el comercio con los asentamientos —que ella misma califica como crímenes de guerra— no son más que una cortina de humo para lavar conciencias.
La relatora fue más allá y pidió la exclusión de Israel del Consejo de Europa, organismo clave en la defensa de los derechos humanos en el continente. La solicitud no es menor: implica que un Estado señalado por la comunidad internacional por violaciones sistemáticas al derecho internacional no debería tener asiento en una institución que precisamente vela por esos principios.
El contexto es brutal. Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 72.500 mártires palestinos, la mayoría niños y mujeres, y más de 172.000 heridos. Cifras que siguen creciendo porque miles de cuerpos siguen bajo los escombros. A esto se suma la intensificación de los ataques contra Líbano, denunciada por la propia relatora como una escalada de crímenes de guerra que el régimen Trump respalda sin pudor.
Lo que plantea Albanese es incómodo para las cancillerías europeas: no se trata de ajustar tuercas al comercio con los asentamientos, sino de desmantelar toda la estructura de complicidad. Porque, como ella misma lo dice, respetar el derecho internacional no es enmendarlo, es cumplirlo. Y mientras Europa siga comprando productos israelíes y dando espacios institucionales a Tel Aviv, la pregunta incómoda queda flotando: ¿son cómplices o solo espectadores?
