Las barreras para acceder al aborto aumentaron de manera alarmante. Persistían los elevados índices de femicidio y violencia de género y se recortaron los servicios de apoyo a las mujeres en los casos de violencia. Quienes ejercían el periodismo sufrían violencia en un contexto de reducción del espacio cívico. Se mantuvo la represión violenta como respuesta de las autoridades a las manifestaciones. El gobierno impuso medidas severas de austeridad que afectaban especialmente a las personas de edad avanzada y personas con discapacidad. Las políticas enfocadas a la acción climática eran “sumamente insuficientes”.
INFORMACIÓN GENERAL
Argentina seguía inmersa en una crisis económica y social. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en junio, el 31,6% de la población vivía en situación de pobreza y, en septiembre, el índice de desempleo ascendía al 6,6%.
El gobierno retiró la candidatura del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el periodo 2026-2028.
El Congreso de la Nación llevaba desde 2009 sin designar una persona titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación seguía estando integrada exclusivamente por hombres, y al final del año seguían sin cubrirse dos vacantes.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Según información oficial publicada en 2025, en 2023 se habían producido cinco alumbramientos de niñas y adolescentes menores de 20 años cada hora en el país.
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el desmantelamiento por parte del gobierno del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Tras haber logrado disminuir la tasa de fecundidad adolescente un 49% en los cuatro años anteriores, el plan presentaba en 2025 una reducción presupuestaria del 86% en términos reales (descontando el efecto de la inflación) respecto a 2023 una subejecución de más del 30% de los recursos disponibles.
La compra y distribución por parte del Estado de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto llevaba interrumpida desde diciembre de 2023. Además, la cantidad de anticonceptivos, incluidos los hormonales de emergencia, y pruebas de embarazo que se distribuían a las provincias se había reducido un 81% del 2023 al 2024. En 2025, Amnistía Internacional recibió casi el cuádruple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024, lo que podía reflejar un aumento de las barreras para acceder a este derecho.
VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO
Durante el primer semestre de 2025 se registró un femicidio cada 35 horas, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pese a la persistencia de este tipo de crímenes, en mayo se eliminaron 13 programas fundamentales para combatir la violencia de género, incluidos los destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres en casos extremos de violencia.
En marzo, el sistema de justicia brasileño ratificó la condena de seis años de prisión impuesta al actor Juan Darthés por violencia sexual ejercida contra la actriz argentina Thelma Fardín cuando ésta tenía 16 años. El tribunal sostuvo que, sin consentimiento, toda relación sexual constituía violación o abuso.
El 11 de junio, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena a Luis Alberto Ramos por el “homicidio calificado por odio a la identidad de género” transmasculina de Tehuel de la Torre, que tenía 21 años cuando fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021.
En julio se elevó a juicio la causa penal por un ataque con fuego sufrido en 2024 por cuatro mujeres lesbianas, tres de las cuales murieron; en el requerimiento presentado a tal efecto, la fiscal hacía referencia al prejuicio frente a la orientación sexual y el género de las víctimas.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, este tipo de crímenes aumentaron un 70% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior. En el discurso que pronunció en enero ante el Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei asoció la homosexualidad con la pedofilia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En mayo, nueve titulares de mandatos de la ONU alertaron sobre el deterioro de las libertades y el espacio cívico en Argentina que venía registrándose desde diciembre de 2023.
Al finalizar el año, el presidente Milei había denunciado al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias. Desde el comienzo de su mandato en 2023, más de 60 profesionales de la prensa habían sufrido hostigamiento y violencia en redes sociales y medios de comunicación por parte del presidente y otros altos cargos.
En agosto, un fiscal inició una investigación contra el presidente y tres funcionarios por actos de amenaza e intimidación pública —entre otros cargos— contra la periodista Julia Mengolini, que había sufrido hostigamiento digital con uso de imágenes alteradas por inteligencia artificial.
Vigilancia ilícita
El Ministerio de Seguridad Nacional, por medio del Decreto 383/2025 y sin la intervención del Congreso, facultó a la policía federal para vigilar a las personas en redes sociales, acceder a bases de datos estatales, realizar requisas y detener a personas con fines identificatorios hasta 10 horas, todo ello sin orden judicial.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que no se había debatido en el Congreso, reformaba el sistema de inteligencia y concentraba más poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado, ampliando su capacidad para acceder a datos personales de la población y compararlos, así como para operar sin control judicial, y permitiendo a agentes de inteligencia detener a personas sin autorización judicial. Esta reforma aumentaba el riesgo de vigilancia ilegítima y uso discrecional de información y ponía en peligro derechos como la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación y de reunión pacífica.
LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA
Continuaron aumentando las restricciones y la represión de las protestas pacíficas, con medidas que incluían el uso ilegítimo de la fuerza, después de la entrada en vigor de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad Nacional. De diciembre de 2024 a noviembre de 2025 se registraron al menos 1.341 casos de personas heridas presuntamente a manos de agentes estatales, de las cuales 155 eran de edad avanzada y 184 trabajaban en prensa; al menos dos habían recibido impactos de bala de goma en la cabeza y el rostro.
El 12 de marzo, el fotoperiodista Pablo Grillo, que cubría una movilización de apoyo a las personas jubiladas, resultó gravemente herido en la cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado
ilegalmente por un agente de la Gendarmería Nacional. En la misma marcha, Jonathan Navarro perdió el ojo izquierdo tras recibir un disparo de un arma de impacto cinético efectuado por un agente de la Prefectura Naval.
IMPUNIDAD
El Congreso aprobó una ley que incorporaba al Código Penal el juicio en ausencia y la justicia federal autorizó su aplicación contra diez personas acusadas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra el centro Asociación Mutual Israelita Argentina.
Argentina siguió sin ratificar la Convención de Liubliana-La Haya, que había suscrito en 2023.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En septiembre, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos alertó sobre el hecho de que las medidas de austeridad afectaban principalmente a las personas mayores y a las que tenían alguna discapacidad.
En 2025, la pensión mínima no cubría las necesidades básicas y había más de tres millones de personas mayores en situación de pobreza. El presidente vetó por segunda vez una ley que aumentaba el poder adquisitivo de las pensiones y prorrogaba las moratorias —medida que permitía acceder a una jubilación a las personas que no alcanzaran los 30 años de aportes necesarios
—, y los derechos económicos y sociales de la población de edad avanzada se vieron menoscabados.
El presupuesto destinado a las universidades para 2025 fue un 6% menor en términos reales que el del año anterior, acumulando así una reducción del 29% desde 2023. El Congreso rechazó en octubre el veto del presidente Milei a la ley que aprobaba un aumento de la financiación de las universidades y una actualización del salario docente para recuperar parcialmente el poder adquisitivo, pero el poder ejecutivo ratificó que no aplicaría esa ley, con lo que el ajuste presupuestario impuesto al sistema universitario se agudizó.
El sistema fiscal argentino seguía favoreciendo una estructura tributaria regresiva: se introducían recortes en áreas como salud, educación y seguridad social, mientras se incrementaban las exenciones fiscales a las grandes empresas. La pérdida de ingresos tributarios derivada de los beneficios fiscales —que eximían a ciertos sectores de pagar determinados impuestos— representaba cerca del 4% del producto interno bruto.
El peso estructural del servicio de la deuda pública se mantenía constante aun en unos momentos agudos de ajuste fiscal: en 2025, los pagos de intereses de deuda casi igualaron el presupuesto nacional destinado a salud, educación y cultura
DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE
Continuaba la preocupación por la postura negacionista del gobierno en relación con el cambio climático. Climate Action Tracker calificó de “sumamente insuficientes” las políticas y objetivos climáticos de Argentina por ser incompatibles con el límite de 1,5 °C en el aumento de la temperatura media mundial, establecido por el Acuerdo de París.
Los subsidios destinados a las empresas hidrocarburíferas representaban 93 veces el importe de los fondos destinados al fomento de energías renovables y de la eficiencia energética.
