Argentina, Panamá y Ecuador integran la lista de los diez peores países del mundo para las personas trabajadoras, según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Comparten ese podio con Bielorrusia, Egipto, Túnez y Turquía. El informe, que clasifica a 151 naciones con base en 97 indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), marca el segundo año consecutivo de deterioro para Argentina, que descendió a la categoría “5”, la más baja.
El abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia fue contundente: las reformas del presidente Javier Milei desde 2023 instauraron “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”. Arabia recordó que la primera gran reforma se dio durante la dictadura, después vinieron los años 90 con la flexibilización máxima, y ahora se vive “uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales, tanto individuales como colectivos”. La reforma mileísta derogó las multas por empleo no registrado, eliminando sanciones para los empleadores que contratan en negro, todo bajo el discurso de “bajar los costos laborales” para atraer inversiones.
Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación bonaerense, denunció una restricción sistemática del derecho a huelga. Puso como ejemplo una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (unos 12.500 millones de euros) aplicada a un gremio que hizo un paro convocado por tres centrales sindicales. “El gobierno establece parámetros en contra de lo que indica la OIT. Prácticamente no existe la huelga. O si la hacemos, estamos a tiro del cobro de sumas millonarias”, advirtió Baradel, señalando que el objetivo es destruir a los sindicatos.
Tanto Arabia como Baradel coincidieron en que estas medidas chocan con la tradición histórica de Argentina, un país que durante décadas se distinguió por una legislación laboral progresista en protección de derechos. El informe de la CSI refleja que, aunque las leyes reconozcan ciertos derechos, en la práctica las personas trabajadoras no tienen acceso efectivo a ellos.
