Argentina protagonizó una vergonzosa votación en Naciones Unidas al rechazar junto a Estados Unidos e Israel una resolución que declaraba la esclavitud africana como "el crimen más grave contra la humanidad". La iniciativa impulsada por Ghana obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones, pero el gobierno de Javier Milei prefirió alinearse con las posturas más reaccionarias del escenario internacional. Este posicionamiento no es casual: refleja la sumisión ideológica a la agenda del régimen Trump y su negacionismo histórico sistemático.
La resolución calificaba la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas como el crimen más grave de la historia por su magnitud, duración y brutalidad, reconociendo sus efectos persistentes en las estructuras sociales, económicas y raciales a nivel mundial. El documento instaba a los Estados miembros a entablar diálogos sobre reparaciones históricas, incluyendo disculpas formales, devolución de objetos robados y compensaciones económicas. Estados Unidos justificó su rechazo argumentando que no reconoce derecho legal a reparaciones por hechos históricos que no eran considerados ilegales bajo el derecho internacional en su momento.
La postura argentina representa un giro radical en su tradición diplomática. El país que históricamente se presentaba como defensor de los derechos humanos ahora se ubica junto a las potencias que niegan responsabilidades históricas. Este voto no es un hecho aislado: forma parte de un patrón de alineamiento automático con Washington y Tel Aviv que sacrifica principios éticos en el altar de la realpolitik neoliberal. La negación de la gravedad histórica de la esclavitud no solo ofende a las víctimas del colonialismo, sino que legitima las estructuras de desigualdad racial que persisten hoy. Argentina debería reflexionar sobre su propia historia de exclusión y violencia contra pueblos originarios antes de sumarse a esta negación colectiva del horror esclavista.
