Belén Dávalos, integrante del ProDHCre (Profesiones por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal), denunció que entre el 1 y el 24 de mayo se registraron más de 320 detenidos en el marco de las movilizaciones sociales que sacuden Bolivia. De ese total, 221 personas fueron liberadas, pero aún hay detenidas y se reportan 7 fallecidos. Las fuerzas combinadas de la policía y el ejército actuaron con especial violencia en las ciudades de La Paz y El Alto.
Los equipos de derechos humanos que visitaron las celdas judiciales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y los comandos policiales de San Pedro y Cotahuma constataron excesos de fuerza, torturas durante las detenciones y en el tiempo que las personas permanecieron encerradas. Dávalos relató el caso de un adulto mayor de provincia, hablante de aimara, sin documentos de identidad, que fue detenido el 18 de mayo y terminó imputado por sedición y terrorismo sin haber cometido delito alguno. También documentaron la situación de mujeres a las que se les negó acceso a insumos de higiene menstrual, y el caso de una madre y una hija detenidas por resguardarse de los gases lacrimógenos, a quienes les quitaron sus medicamentos y las mantuvieron más de tres días incomunicadas, sin poder atender a los menores que tenían a cargo.
La organización denuncia que hubo una "hazaña racial" durante las intervenciones: muchas personas fueron detenidas solo por llevar un aguayo, una prenda de pueblos originarios o por el color de su piel. El gobierno instaló una narrativa de "violencia bilateral" que, según ProDHCre, es falsa porque no se puede equiparar la violencia del aparato estatal con la que pueda surgir en las movilizaciones. La reciente abrogación de la ley 1341, que habilitaba al ejecutivo a decretar estado de sitio, no frena la alarma: el riesgo de una escalada represiva mayor sigue latente. Desde Bolivia exigen la liberación inmediata de todos los detenidos y el cierre de las investigaciones armadas sin debido proceso.
