El gobierno de Rodrigo Paz logró un acuerdo con los mineros después de una maratónica reunión de casi doce horas que se extendió hasta la madrugada del viernes. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó el entendimiento sin dar detalles del contenido, aunque el clima en las calles de La Paz había sido de guerra: la policía reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes que intentaban llegar a la Plaza Murillo, mientras los trabajadores respondían con piedras y explosivos lanzados con hondas. Hubo al menos seis detenidos que fueron liberados horas después.
Los mineros exigían la renuncia del mandatario centroderechista y un pliego que incluye abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas de trabajo y suministro de explosivos. Pero el acuerdo no apagó el incendio social. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se mantienen 26 puntos de bloqueo en las rutas de acceso a La Paz, lo que complica el ingreso de alimentos. Obreros, campesinos, maestros, indígenas y transportistas siguen movilizados con reclamos que van desde aumentos salariales hasta la defensa de las empresas públicas ante posibles privatizaciones.
La economía boliviana atraviesa su peor crisis en cuatro décadas, con una inflación interanual del 14 por ciento y una escasez de dólares que estrangula el día a día. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras expresaron su preocupación por la situación, mientras Argentina aporta dos aviones para reforzar un puente aéreo que intenta sortear los bloqueos. En paralelo, Evo Morales denunció un supuesto plan de Estados Unidos, apoyado por Paz, para detenerlo o asesinarlo con participación de la DEA y el Comando Sur, algo que el gobierno rechaza.
La foto del acuerdo con los mineros no alcanza para tapar el cuadro de fondo: un país paralizado, un gobierno acorralado por múltiples frentes de lucha y una crisis que huele a combustible y gas lacrimógeno. La paz social en Bolivia sigue siendo un lujo que nadie puede darse por garantizado.
