La transnacional Chiquita, heredera de la infame United Fruit Company, vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Una investigación de Public Eye destapó las condiciones infrahumanas que padecen miles de trabajadores bananeros en el sur de Guatemala, donde la explotación laboral y el envenenamiento químico son moneda corriente.
En las plantaciones de los subcontratistas de Chiquita, la jornada laboral se extiende hasta doce horas diarias bajo un calor sofocante. Los salarios suelen estar por debajo de los mínimos legales, ya de por sí miserables. Pero lo más grave es la exposición sin protección a la fumigación aérea con mancozeb, un pesticida prohibido en la Unión Europea y en Suiza desde 2020 y 2021 respectivamente, por ser cancerígeno y disruptor endocrino. Quienes intentan sindicalizarse son despedidos y terminan en listas negras que les impiden conseguir otro empleo.
El cóctel de la desesperación tiene nombre propio: la bomba, una mezcla casera de tramadol con bebida energizante que los trabajadores consumen para aguantar la jornada. Las consecuencias son devastadoras: los casos de Enfermedad Renal Crónica se multiplicaron por cinco en la costa sur guatemalteca, convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad en la región.
Chiquita, propiedad de las familias Safra y Cutrale —con una fortuna combinada de 25 mil millones de dólares—, opera desde el paraíso fiscal suizo de Étoy, donde paga menos del 7% de impuestos sobre sus ganancias. En la última década, los dueños embolsaron 1.600 millones de dólares gracias a este modelo de negocio que combina explotación en el Sur global y privilegios fiscales en Europa.
La certificación de Rainforest Alliance, que supuestamente garantiza prácticas sostenibles, resulta cuestionable. La organización admite que sus auditorías no pueden "encontrar todo, en todas partes, todo el tiempo", y los sindicatos latinoamericanos la critican por ser un instrumento de blanqueo ambiental que no protege los derechos laborales.
La sociedad civil suiza ya juntó 287 mil firmas para exigir que las multinacionales helvéticas rindan cuentas por los abusos en sus cadenas de suministro. La pregunta que queda flotando es simple: ¿cuánto más va a durar este infierno bananero mientras los accionistas se bañan en plata en sus paraísos fiscales?
