Nicolás Lynch, integrante del Comité Directivo de CLACSO por el Perú, advierte que el país atraviesa una crisis que no es solo de gobiernos sino de régimen político. Según el académico, el problema de fondo arranca con la Constitución de 1993 que impuso Alberto Fujimori mediante un referéndum fraudulento hace más de tres décadas. Esa Constitución autoritaria, que durante años sectores progresistas buscaron reformar, fue modificada en más de la mitad de sus artículos por el Congreso de ultraderecha que sacó a Pedro Castillo del poder.
Lynch sostiene que el famoso "éxito económico peruano" vendido en el mundo es un mito. El dato que lo desmiente es demoledor: el 75% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, lo que ubica al Perú en el penúltimo lugar de América Latina en esa categoría. Para el sociólogo, eso no es éxito sino fracaso económico, porque destruye derechos, fragmenta la sociedad y hace casi imposible la representación política de las mayorías. Lo que hubo durante 35 años fue neoliberalismo puro que liquidó el trabajo formal y los derechos laborales.
El poder real en el Perú, explica Lynch, lo ejercen unas dos docenas de empresas nacionales y extranjeras que capturaron el Estado. Siguiendo los trabajos del fallecido sociólogo Francisco Durán, describe cómo las élites neoliberales reoligarquizaron la política: los grandes propietarios observan y vigilan, los tecnócratas manejan los ministerios clave, y los políticos electos solo actúan, dan vueltas, pero no gobiernan. Un ejemplo claro es el contrato del gas de Camisea, cuyo tratado fue diseñado por Pablo Kuczynski y permite que el recurso se vaya al exterior a precios irrisorios, dejando migajas al fisco peruano.
Sobre el sistema judicial, Lynch señala que se convirtió en un campo de batalla donde el Congreso de ultraderecha modificó códigos civiles y penales para favorecer sus intereses. Hubo una regresión terrible en el último quinquenio, con fiscales y jueces manipulados por el poder político, aunque algunos sectores aún resisten defendiendo un mínimo Estado de derecho.
Frente a este panorama, Lynch deposita esperanza en un posible triunfo de Roberto Sánchez, a quien describe como producto de un "aluvión electoral" impulsado por la indignación popular ante el maltrato que sufrió Pedro Castillo. Un gobierno de Sánchez podría abrir un espacio para reconfigurar fuerzas progresistas, reconstruir el tejido social destruido y retomar políticas de soberanía nacional e integración latinoamericana. En cambio, un triunfo de Keiko Fujimori significaría profundizar el autoritarismo y cerrar cualquier posibilidad de cambio.
