El régimen de Javier Milei impulsa en el Congreso el proyecto conocido como "Súper RIGI", una ampliación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que ya está vigente. Según la investigadora del CONICET Luciana Ghiotto, esta iniciativa busca generar un nuevo marco regulatorio para el sector tecnológico, alineado con la política de Estados Unidos y con la promesa de que empresas como Palantir, vinculada a Peter Thiel, inviertan miles de millones de dólares en el país. "Argentina ya no tiene un plan de desarrollo ni de industrialización", advierte la especialista.
El RIGI original, aprobado dentro de la Ley Bases, ya está en su tercer año de vigencia. Ghiotto señala que, si bien llegaron inversiones —principalmente de YPF en Vaca Muerta y de gigantes mineros como Glencore y Río Tinto en cobre—, el régimen no generó la "lluvia de dólares" que prometía el oficialismo. "Muchas de estas empresas ya tenían intenciones de venir a Argentina. El RIGI es un regalo que ni siquiera pidieron", afirma. Además, el empleo que generan es precario, masculinizado y concentrado en la construcción de infraestructura, no en puestos estables.
El Súper RIGI apunta ahora a los data centers, presentados como la puerta de entrada a la inteligencia artificial. Sin embargo, Ghiotto explica que estos centros consumen enormes cantidades de agua, energía y tierra, y que la ley les da prioridad sobre la población en caso de desabastecimiento. "Frente a problemas de abastecimiento interno, estas empresas no van a poder ser tocadas en su derecho al acceso a esos recursos", denuncia. Además, una vez construidos, apenas generan empleo: con diez personas alcanza para operarlos.
Otro punto crítico es que el Súper RIGI elimina cualquier condicionalidad para los inversores. No exige compras locales ni desarrollo de proveedores nacionales. La cláusula que sugiere un 20% de abastecimiento local no tiene carácter punitivo: si la empresa argumenta que el precio local es más caro que el de China, puede importar sin problemas. "Es una sugerencia, no una obligación", aclara Ghiotto.
El proyecto también amplía la protección a los inversores. Mientras que antes solo los extranjeros podían recurrir a tribunales internacionales como el CIADI, ahora cualquier empresa —incluso las argentinas como YPF o Pampa Energía— puede saltarse la justicia nacional y demandar al Estado en el exterior. "Esto inaugura una nueva forma de protección de inversiones", alerta la investigadora. Y todo esto con 30 años de estabilidad regulatoria, un plazo que abarca siete gobiernos y que ningún cambio político podría modificar.
Para Ghiotto, el Súper RIGI es parte de un paquete de leyes que busca desarmar el andamiaje jurídico construido durante el siglo XX y reemplazarlo por un modelo de economía de enclave, donde Argentina exporte materias primas críticas como cobre y litio sin generar valor agregado ni desarrollo local. "Es convertir al país en una colonia", resume. Mientras tanto, el gobierno avanza en el desmantelamiento del sistema científico y tecnológico, porque una economía de este tipo no necesita investigadores ni cerebros que piensen.
