La masacre ocurrida en la comunidad de Colón, Honduras, ha conmocionado al país centroamericano y encendido las alarmas de las organizaciones campesinas. Según denunció La Vía Campesina, al menos 20 personas fueron asesinadas en un ataque armado contra familias que trabajan la tierra. Los cuerpos quedaron regados en los cultivos, en lo que organismos de derechos humanos califican como una masacre de Estado por omisión.
Las fuentes consultadas coinciden en que el ataque se produjo en una zona de fuerte conflicto agrario, donde comunidades campesinas vienen denunciando amenazas de grupos armados vinculados al latifundio. Prensarural.org detalla que las víctimas pertenecían a la Organización Fraternal Campesina, una de las más activas en la lucha por la reforma agraria en el país. El gobierno hondureño, mientras tanto, no ha emitido un pronunciamiento contundente ni ha anunciado medidas concretas para proteger a la población rural.
El diario El Ciudadano reporta que la comunidad quedó sumida en el terror tras la incursión armada. Testimonios recogidos por Infobae describen escenas desgarradoras: un padre de familia tuvo que sepultar a dos de sus hijos asesinados en la masacre. "Nos sentimos aterrorizados", declaró uno de los sobrevivientes, reflejando el clima de impunidad que reina en las zonas donde el Estado ha cedido el control a grupos paraestatales al servicio del agronegocio.
Detrás de esta masacre hay un patrón que se repite en toda América Latina: la criminalización de la lucha por la tierra. Mientras el gobierno de Xiomara Castro prometió un giro progresista, los hechos demuestran que el poder terrateniente sigue operando con total libertad.
