El presidente Gustavo Petro promulgó la ley estatutaria que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un avance fundamental para garantizar justicia a campesinos y comunidades étnicas en conflictos por la tierra. Esta normativa establece tribunales especializados que resolverán disputas por cercas, linderos y caminos vecinales, reemplazando la violencia por vías judiciales institucionales. Petro enfatizó que la justicia debe servir a la población y no a intereses poderosos, en un claro mensaje contra el latifundismo histórico.
La implementación representa un paso concreto en el primer punto del Acuerdo de Paz, centrado en la transformación estructural del campo colombiano. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que la ley define la estructura administrativa y fondos para crear juzgados especializados, aunque hizo un llamado al Congreso para aprobar el proyecto complementario que regula procedimientos y trámites. Organizaciones de derechos humanos y movimientos campesinos recibieron la ley con optimismo, señalando que permitirá recuperar territorios sin recurrir a grupos armados.
Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz, aseguró que la jurisdicción protegerá a los despojados y garantizará procesos pacíficos en zonas rurales. Los tribunales se consolidan como instrumento esencial para detener el ciclo de confrontación con terratenientes y asegurar que la restitución de tierras se realice bajo derecho institucional. Esta medida busca romper décadas de violencia y despojo, democratizando el acceso a la justicia en un país donde el conflicto agrario ha sido motor de guerra.
La sanción presidencial consolida un hito para la justicia en el campo colombiano, aunque su efectividad dependerá de la voluntad política para implementarla plenamente y enfrentar resistencias de sectores tradicionales. El desafío ahora es garantizar que estos tribunales no sean meras estructuras formales, sino herramientas reales de transformación para las comunidades rurales históricamente marginadas.
