A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, Salta exhibe una paradoja preocupante: siendo la segunda provincia con más sentencias por crímenes de lesa humanidad, hoy enfrenta un cuello de botella judicial que amenaza con convertir avances históricos en impunidad biológica. Un informe de Ciudadana Comunicación revela que 20 causas aguardan fecha para juicios orales, sumadas a 123 expedientes en investigación y 60 listos para debate. El sistema federal salteño colapsa bajo la saturación de tribunales, falta de jueces y demoras estructurales que benefician a los represores.
El panorama contrasta con los logros previos: 32 juicios realizados, 38 condenas firmes y procesos emblemáticos como Palomitas I y II sobre fusilamientos clandestinos, Ragone I y II por la desaparición del exgobernador Miguel Ragone, y la Megacausa Salta que desnudó el aparato represivo local. Estos procesos no solo establecieron responsabilidades penales sino que reconstruyeron circuitos clandestinos de detención y complicidades civiles que permanecían ocultas. La actual parálisis judicial se agravó tras el fallecimiento del juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, asignado a siete juicios pendientes, generando vacantes y reinicios procesales.
La llamada "impunidad biológica" se consolida como amenaza concreta: datos del Ministerio Público Fiscal muestran aumento de imputados que mueren durante la instrucción o antes del juicio oral. En expedientes complejos, más del 30% de los acusados originales ya no pueden ser juzgados. Frente a esta emergencia, los tribunales recurren a juicios abreviados -15 acuerdos desde 2024- que aceleran condenas pero limitan la reconstrucción pública de los hechos, generando debates sobre el equilibrio entre celeridad y memoria.
La situación expone las contradicciones de un sistema que supo ser ejemplo nacional pero hoy muestra signos de agotamiento. Cada demora no es solo administrativa: afecta a víctimas, familiares y la posibilidad misma de que la justicia llegue. En Salta, como en todo el país, los juicios por lesa humanidad no solo juzgan el pasado sino que ponen a prueba la capacidad del Estado para sostener políticas de memoria frente a la erosión del tiempo y las limitaciones estructurales. La justicia corre contra el reloj, y cada día perdido acerca más a la impunidad que tanto costó combatir.
