El gobierno de Lula anunció la desapropiación de siete haciendas para reforma agraria con el objetivo de asentar 478 familias, en el marco de la 3ª Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sustentable y Solidario. El paquete incluyó también la titulación de nueve territorios quilombolas y la creación del Programa Nacional de Regularización Fundiária "Terras do Brasil". Sin embargo, una mirada crítica a los datos revela una realidad más compleja que el discurso oficial.
En los primeros tres años del tercer mandato de Lula, las desapropiaciones sumaron apenas 12.400 hectáreas, cifra inferior incluso al gobierno de Michel Temer. La directora de Obtención de Tierras del Incra, Maíra Coraci, explica que hubo un cambio estratégico: "La desapropriación es el último instrumento. Si puedo resolver por compra, sin involucrar al Poder Judicial, consigo dar la tierra más rápido". Entre 2023 y 2026 se obtuvieron 577.600 hectáreas, pero la mayoría (359.300 hectáreas) provino de compra y venta, no de desapropiaciones.
El gobierno ahora presenta como principal balance el número de familias incluidas en el Programa Nacional de Reforma Agraria: 229.991 familias entre 2023 y 2025. Esta cifra agrupa diferentes modalidades como regularización fundiaria, reconocimiento de familias y concesión de crédito, no necesariamente asentamientos en tierras desapropiadas. João Pedro Stédile, dirigente del MST, califica de "malandragem" esta forma de presentar los resultados.
Expertos como el geógrafo Marco Mitidiero advierten que mezclar mecanismos diferentes diluye el concepto mismo de reforma agraria: "Reforma agraria es penalización del latifundio. Regularización fundiaria es regularización fundiaria. Usucapión es usucapión". La transformación del campo brasileño, con el avance del agronegocio y la valorización de tierras, dificulta encontrar grandes propiedades improductivas, condición necesaria para la desapropiación.
La estrategia gubernamental prioriza la velocidad sobre el enfrentamiento directo al latifundio, optando por negociaciones que eviten conflictos judiciales. Esta aproximación, aunque pragmática, cuestiona si realmente se avanza hacia una transformación estructural de la concentración fundiaria o simplemente se administra la desigualdad histórica del campo brasileño.
