El pueblo peruano habló en las urnas y dijo no al continuismo. En el norte del país, donde el fujimorismo creía tener su bastión, el 36% de los votos fueron viciados, nulos o en blanco. El centro y el sur también le cerraron la puerta a la vieja política. Solo Lima, con un exiguo 13% de voto de protesta, mostró su apego a un pensamiento conservador que ignora la realidad y la sangre derramada en el "diciembre negro" del 2022.
Las elecciones se convirtieron en un negocio dirigido por las grandes corporaciones de prensa. Los reflectores sobredimensionaron a los candidatos de su preferencia y sepultaron el debate de fondo: un Estado indolente que no mira a la ciudadanía como personas, sino como animales sin derechos. La jerga lumpen y los insultos fueron noticia, pero la exclusión y la criminalidad quedaron fuera de la agenda.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasaron a la segunda vuelta con una aprobación ajustada —17% y 12% respectivamente— y con serios cuestionamientos al proceso electoral. La ONPE allanada, material electoral en las calles, denuncias de fraude y un Congreso que maneja los hilos. Se recrea el escenario de 2021, donde la autoridad presidencial es una figura descartable y la dictadura cívico-militar del Legislativo manda.
Frente a esta anarquía institucional, la única alternativa que le queda a la ciudadanía es el voto viciado como herramienta legítima de descontento. La Ley ampara la protesta popular. Es momento de repensar, de tender manos y abrir puertas. Lima debe mirarse al espejo y entender que su sangre también tiñe de rojo. El cambio no vendrá de arriba: vendrá de la organización popular.
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