Colombia y Países Bajos fueron coanfitriones en Santa Marta de la primera conferencia internacional para discutir cómo abandonar el carbón, el petróleo y el gas. Asistieron 57 países. Pero mientras los gobiernos celebraban acuerdos de buena voluntad, las organizaciones socioambientales ponían el dedo en la llaga: una transición que no cuestione el modelo de despojo no es transición, es reciclaje del mismo sistema con otro nombre.
El encuentro lanzó el Proceso de Santa Marta, con una segunda conferencia prevista para 2027 en Tuvalu, y un Panel Científico para la Transición Energética Global. También se definieron tres líneas de trabajo: hojas de ruta nacionales, dependencias macroeconómicas y alineación entre países productores y consumidores. Suena bonito. Pero organizaciones como Censat Agua Viva y el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa recuerdan que sin mecanismos vinculantes, esto queda en declaración de buenas intenciones.
El documento de resultados reconoce que salir de los fósiles implica cambios económicos profundos: deuda, subsidios, dependencias estructurales. Pero ese reconocimiento debe tener consecuencias. Mientras se sigan aprobando licencias de explotación y los tratados de inversión sigan protegiendo a la industria fósil, la conferencia corre el riesgo de ser otro espacio de diálogo sin dientes.
La pregunta que dejó Santa Marta es incómoda y necesaria: energía, ¿para qué y para quién? No se trata de mantener el consumo de unos pocos con nuevas infraestructuras verdes. Se trata de cerrar la frontera extractiva, reparar daños y fortalecer la autonomía de los pueblos. El tiempo de las declaraciones se agota. Los fósiles deben quedarse bajo tierra.
