Argentina se posicionó en los 90 como país abolicionista del trabajo infantil y construyó todo un entramado para erradicarlo: jerarquizó la Convención de los Derechos del Niño en 1994, creó la CONAETI, las comisiones provinciales y la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, recién en 2018 logró un diagnóstico nacional que incluyera zonas rurales y todas las provincias. Ezequiel Flores, militante de Vía Socialista, repasa en un video las estadísticas estatales y expone una contradicción: casi tres décadas entre la promesa y la medición realista.
En la década del 90 no existía instrumento específico para medir el flagelo. Una estimación del sociólogo Silvio Feldman, difundida en un cuaderno de UNICEF, calculaba 252.000 niñas y niños de 6 a 14 años trabajando, concentrados en ciudades y en la producción agraria. En 2002 la CTA denunció un millón y medio de menores de 14 años trabajadores; un año después el propio gobierno confirmó la cifra.
El primer instrumento específico llegó recién en 2004 con la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANA), que relevó a 21.579 personas y calculó 995.524 trabajadores de 5 a 17 años. Pero dejó afuera nueve provincias enteras. El kirchnerismo no volvió a realizar otra EANA y el módulo de 2012, limitado a zonas urbanas, sirvió para construir un relato de reducción del problema sin comparaciones válidas.
La segunda EANA, realizada entre 2016 y 2017 bajo el gobierno de Cambiemos y publicada en 2018, amplió la muestra a todo el país: 763.544 niñas y niños de 5 a 15 años trabajaban, el 10% de esa franja, y 428.581 adolescentes de 16 y 17, el 31% de su grupo etario. El total de 5 a 17 años dio 1.192.125, casi 197.000 más que en 2004, en un contexto de caída demográfica en esa franja.
Desde entonces no hubo una nueva EANA. La encuesta de UNICEF de 2021 indicó que el 23% de las personas de 3 a 17 años trabajaba, con un aumento del 7% respecto de noviembre de 2020, después de la pandemia.
Gobiernos kirchneristas, el de Fernández, Cambiemos y ahora el de Milei pasaron sin resolver un flagelo que golpea a una porción enorme de la clase obrera. Para Vía Socialista la salida no es cultural sino económica: un Estado empresario, con empresas estatales o mixtas, para que ninguna infancia tenga que cosechar tomate, cartonear o faltar a la escuela por cuidar a sus hermanes.