La historia de resistencia contra el agronegocio tóxico escribió esta semana un capítulo fundamental en los Tribunales Federales de Rosario. Nueve acusados -siete productores y dos exfuncionarios municipales de Pergamino- enfrentan cargos por contaminación ambiental y atentado contra la salud pública mediante fumigaciones con agrotóxicos. El fiscal Federico Reynares Solari definió el caso con crudeza: "Las víctimas somos todos". Al tiempo que las comunidades afectadas llevan más de una década denunciando, la justicia federal por fin escucha sus dolores.
Sabrina Ortiz, querellante y símbolo de esta lucha, perdió un embarazo de seis meses en 2011 y vio cómo sus hijos sufrían intoxicaciones recurrentes. Su testimonio, al igual que el de otros cien testigos, expondrá cómo las fumigaciones terrestres y aéreas violaron sistemáticamente la ordenanza local que establece una franja de protección de 100 metros alrededor de zonas pobladas. El fiscal sostiene que estas prácticas no se limitaron a los campos sino que contaminaron suelo, aire y agua, provocando desde afecciones respiratorias hasta enfermedades terminales en la población de Pergamino.
Las defensas intentaron sin éxito una probation y ahora argumentan falta de competencia federal, pero la querella responde con contundencia: "Los agrotóxicos son veneno que enferma a las poblaciones. Los cuerpos hablan por sí mismos". Organizaciones ambientales como Paren de Fumigarnos celebran este hito judicial que pone en el banquillo al "lobby sojero y las grandes corporaciones". Carlos Manessi, referente de la multisectorial, subraya: "Es un juicio al modelo de producción basado en químicos que produjo mucho daño". El proceso, que continuará con audiencias durante febrero, podría sentar un precedente crucial para frenar la impunidad del agronegocio tóxico en Argentina.
