El siguiente análisis, publicado por Tatuy Televisión Comunistaria, desmenuza la coyuntura crítica que enfrenta la clase trabajadora venezolana en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores. La conmemoración del 1° de Mayo de 2026 encuentra al país en una encrucijada donde el salario mínimo se ha convertido en el epicentro de una lucha estructural por el modelo de sociedad.
Para entender la magnitud del despojo, el artículo recupera la memoria histórica. La Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), promulgada por Hugo Chávez en 2012, blindó derechos como la retroactividad de prestaciones y la inamovilidad laboral. Sin embargo, el bloqueo imperial impuesto desde 2017 por Washington —con pérdidas anuales estimadas en más de 25 mil millones de dólares— pulverizó esos avances y detonó un ciclo hiperinflacionario que aniquiló el poder adquisitivo.
Pero la agresión externa no lo explica todo. El texto señala con crudeza las contradicciones internas: el Memorando 2792 de 2018 y el Instructivo ONAPRE de 2022 erosionaron derechos desde adentro, congelando el salario mínimo en 130 bolívares desde marzo de 2022. La estrategia gubernamental de recurrir a bonificaciones vía Sistema Patria —sin tocar el salario base— es denunciada como una trampa que vacía el derecho laboral, pues no incide en vacaciones, utilidades ni prestaciones sociales, condenando a la clase obrera a un retiro sin patrimonio.
El contexto se agrava por el tutelaje semi-colonial que ejerce el régimen Trump sobre los ingresos petroleros venezolanos. El gobierno no maneja directamente sus propias divisas, quedando a merced de Washington para acceder a sus recursos. A esto se suma la amenaza del FMI y sus recetas de disciplina fiscal, que podrían allanar el camino hacia un futuro de ajustes estructurales.
Frente a este panorama, las bases sindicales exigen la restitución plena de derechos, la salarización de los bonos y un salario indexado al costo real de la canasta básica (más de 530 dólares mensuales). Mientras tanto, el empresariado, representado por Fedecámaras, aprovecha los espacios de "diálogo tripartito" para exigir la aniquilación de la retroactividad y la flexibilización del despido.
La reflexión final del análisis es contundente: la precarización no es un destino inevitable. La defensa irrestricta de la LOTTT es el punto de partida para cualquier proyecto de recuperación nacional con rostro humano. Frente al capital transnacional y los errores propios, la consigna debe ser una sola: ni un paso atrás.
>> Nota de tatuytv.org
