El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas y especialistas vinculados al movimiento sindical, acaba de publicar un documento que desmonta con datos una de las consignas más repetidas del sentido común neoliberal: que en Argentina "se pagan demasiados impuestos". La presión tributaria bruta del país en 2023 era del 27,9% del PIB, muy por debajo de Francia (45,4%), Alemania (40,1%) o el propio Brasil (33,3%). El problema, sostienen, no es el volumen sino la estructura: el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos que pagan por igual el salario y el consumo popular, mientras la riqueza concentrada, la renta financiera y los beneficios extraordinarios gozan de exenciones y tratos preferenciales.
El diagnóstico es contundente. El sistema actual es regresivo y procíclico: cuando la economía se contrae, cae la recaudación y el Estado pierde capacidad de respuesta justo cuando más se necesita. El régimen de Javier Milei agravó esta injusticia con la Ley Bases y las rebajas a derechos de exportación y bienes suntuarios. La consecuencia es brutal: el gasto primario cayó un 31% real respecto de 2023, el gasto de capital se derrumbó un 86%, las transferencias a provincias un 66% y los programas sociales un 61%. Todo para cumplir con las metas del FMI.
La propuesta del Foro se organiza en diez capítulos que apuntan a una transformación de fondo. El primero es la reforma del impuesto a las ganancias: los salarios deben quedar exentos y la carga debe recaer sobre los niveles más altos de ingreso y las rentas del capital. El principio es simple: a igual capacidad económica, el capital debe tributar igual o más que el trabajo. Las empresas, por su parte, deben pagar más sobre las utilidades distribuidas o fugadas y menos sobre las efectivamente reinvertidas en producción y empleo.
El segundo capítulo busca reducir el peso regresivo del IVA mediante devoluciones automáticas para jubilados, trabajadores de bajos ingresos y sectores vulnerables. El tercero propone gravar la transmisión de grandes patrimonios por herencia o donación, atacando la reproducción intergeneracional de la desigualdad. El cuarto apunta al consumo suntuario: yates, aviones privados, residencias de lujo y otros bienes ostentosos deben tributar de forma acorde a su significado social.
El quinto capítulo reforma el monotributo para formalizar sin asfixiar, reduciendo la carga impositiva de las categorías más bajas. El sexto es central para una economía periférica: derechos de exportación como herramienta legítima para capturar renta extraordinaria y un impuesto a las ganancias inesperadas que grave los beneficios disparados por guerras, crisis energéticas o devaluaciones. El séptimo propone una ofensiva integral contra la evasión, la elusión y la fuga de capitales, derogando la llamada "Inocencia fiscal" que vació de datos al fisco.
El octavo capítulo plantea usar la política tributaria en contextos recesivos para gravar a los sectores que mantienen o expanden su rentabilidad —bancos, grandes cadenas, plataformas digitales— evitando que la crisis se financie solo con caída del salario y recorte social. El noveno es una nueva arquitectura federal de coparticipación que renacionalice la inversión pública estratégica en educación, salud, infraestructura y energía, para que el acceso a derechos no dependa de la riqueza de cada provincia. El décimo revisa los convenios de doble imposición internacional firmados por Milei, denunciando aquellos que impliquen renuncias a la soberanía tributaria.
El documento cierra con una advertencia que trasciende lo técnico: el sistema tributario no puede ser neutral en una sociedad desigual. Debe ser progresivo, redistributivo y soberano. La reforma es viable y urgente, pero requiere un plan nacional que articule a trabajadores, pymes y economías regionales para superar la "economía del desastre" que impone el cogobierno Milei-FMI. Gravar la renta improductiva y aliviar a quienes producen y generan empleo no es un capricho: es la condición para crecer sin dejar a nadie afuera.
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