A 33 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras, la crisis política boliviana entró en un terreno pantanoso. El analista Hugo Moldiz señaló que los dirigentes sindicales ya no controlan a las bases: las decisiones emergen desde las centrales y subcentrales campesinas, por encima de las federaciones. Eso, lejos de ser una buena noticia para el gobierno, muestra una rebelión social que nadie se anima a negociar porque saben que la base piensa distinto.
Moldiz identificó seis escenarios de salida, todos complejos. El primero es la renuncia de Paz Pereira, lo que dejaría al vicepresidente Lara al mando con la obligación de convocar elecciones en tres meses. El segundo, un referendo revocatorio extraordinario. El problema es que ambas opciones chocan con la Constitución, que solo permite revocatorio a mitad de mandato. La tercera salida sería que el propio Paz convoque a elecciones sin renunciar, transfiriendo el mandato al próximo presidente electo.
La cuarta opción es el estado de excepción, pero Moldiz advierte que si se dicta y no se cumple, el gobierno se debilita más. Y si se ejecuta con militares, los muertos son casi previsibles, lo que multiplicaría los problemas. El quinto escenario es el empate: el gobierno no puede restablecer el orden, pero los protestantes no tienen fuerza para tumbarlo. Ahí el riesgo es una colisión entre dos fuerzas de igual peso, de la que ganaría un tercero desconocido.
El analista criticó que el gobierno dejó pasar el tiempo esperando que la protesta se desgastara sola, pero la agenda política ya desplazó a las reivindicaciones concretas como el aumento salarial o la abrogación de la ley 17-20. Además, el bloqueo golpea más a los pobres de La Paz, que viven al día, que a los ricos con despensas llenas. La salida negociada sigue siendo posible, pero cada vez más difícil.
