En simultáneo con el inicio de la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de varios artículos de la Reforma Laboral, entre ellos los que afectan los convenios colectivos de trabajo. Se trata de una reivindicación histórica del capital que apunta directo a los acuerdos alcanzados en los años 74 y 75, cuando el poder sindical logró definiciones clave en la distribución del ingreso. Desde la dictadura militar, hace medio siglo, la ofensiva contra esos logros no se detuvo: primero con el terrorismo de Estado, después con gobiernos constitucionales que intentaron revertir esa correlación de fuerzas favorable al trabajo.
La reforma no solo avanza sobre los convenios colectivos, sino que también impulsa los sindicatos por empresa, una estrategia para debilitar la organización sindical tradicional. Hasta ahora, la respuesta del movimiento obrero ha sido variada: paros generales, protestas sectoriales y movilizaciones de organizaciones vinculadas a empresas cerradas. Pero crece la presión para una reacción más contundente. Uno de los puntos más delicados es la reglamentación de los FAL (Fondo de Asistencia Laboral), los fondos que reemplazan la indemnización y que funcionan como un anticipo de la Reforma Previsional. Estos mecanismos, que empezarán a regir en noviembre de 2026 bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, recrean en otras condiciones lo que fueron las AFJP en los 90.
Los FAL implican un desfinanciamiento directo a la ANSES, que deberá resignar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un fondo millonario que el gran capital transnacional quiere hacer propio. Hoy, el 75% de ese fondo está invertido en deuda pública, lo que muestra cómo el Estado financia su endeudamiento con los recursos de los trabajadores. Esta dupla Reforma Laboral-Reforma Previsional es estratégica para el gobierno de Milei, que siendo un partido minoritario logró disciplinar al poder político y avanza en su proyecto como base de propaganda electoral para 2027. La difusión en el Boletín Oficial coincidió con el discurso de Juan Castillo, ministro de Trabajo de Uruguay y dirigente comunista, que en la OIT reclamaba atender las necesidades de los trabajadores frente a los problemas de la economía mundial. Son las contradicciones de un capitalismo argentino conducido por la ultraderecha.
