En un memorando interno fechado el jueves y revisado por The Washington Post, el director interino de ICE, David Venturella, anunció que la agencia elimina el requisito de reportar muertes que ocurran dentro de los 30 días posteriores a la liberación de una persona detenida. "ICE vuelve a la práctica estándar de reportar solo las muertes que ocurren mientras la persona está bajo custodia", escribió Venturella. La medida llega en un momento crítico: según la revista Journal of the American Medical Association, la tasa de mortalidad en centros de detención de ICE en 2026 va camino a ser la más alta en 20 años, con 18 personas fallecidas en los primeros cinco meses del año, cinco de ellas clasificadas como aparentes suicidios.
El requisito de los 30 días se había adoptado en 2021, durante la administración de Joe Biden, justamente para evitar que ICE liberara a personas con enfermedades graves para no tener que reportar sus muertes. El caso que motivó el cambio fue el de Martín Vargas Arellano, un detenido en el centro Adelanto que murió tres días después de que ICE lo liberara, ya en estado de coma irreversible. La abogada de derechos civiles Laboni Hoq, que representa a la familia de Vargas Arellano, calificó la eliminación de la política como "devastadora" para garantizar estándares adecuados en los centros de detención.
Mientras tanto, en Nueva Jersey, el fiscal general y el gobernador presentaron una demanda contra GEO Group, la empresa privada que opera el centro de detención Delaney Hall en Newark, para obligarla a permitir el ingreso de inspectores de salud estatales. El alcalde Ras Baraka amplió la demanda existente para exigir el cierre de la instalación si no se concede acceso total. Los inspectores que visitaron el centro el 28 de mayo fueron "bloqueados para inspeccionar áreas cruciales, incluyendo la unidad médica, las áreas de dormir y los baños", según la fiscalía. El DHS calificó la demanda de "frívola" y aseguró que la instalación cumple con todas las leyes. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS ya había advertido que no investigar la muerte de una persona liberada recientemente "es una oportunidad perdida para mejorar la atención y reducir la responsabilidad".
