El Congreso peruano aprobó en segunda votación una norma que traslada a la justicia castrense los delitos cometidos por policías y militares en el marco de sus funciones, una medida que organizaciones de derechos humanos y legisladoras de la oposición denuncian como un salvoconducto para la impunidad. La congresista Flor Pablo Medina, que votó en contra, señaló que los delitos ordinarios deben ser investigados por la justicia ordinaria y que la reconsideración que presentaron para frenar la iniciativa fue rechazada. “El pacto congresal se ha impuesto con sus votos, con el fujimorismo a la cabeza”, advirtió.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertó que la historia ya demostró que dejar estos juicios en manos de las propias fuerzas del orden solo lleva al archivo de los casos. Según la organización, investigaciones urgentes como las muertes en las protestas de 2022-2023, el caso Colcabamba, la muerte del adolescente Erick Cubas en Manchay y las denuncias de torturas en la escuela de la FAP quedarían en la nada. La congresista Susel Paredes sostuvo que el fujimorismo y sus aliados preparan el terreno para un nuevo fujimorato y que con estas leyes “se inicia una época de abusos y una tragedia para el país”.
Desde la vereda oficialista, los congresistas José Cueto (Renovación Popular) y César Revilla (Fuerza Popular) defendieron la norma argumentando que la justicia castrense es un ámbito especializado para investigar a los malos policías y militares, y que hay delitos que la justicia ordinaria no entiende. La ley establece sanciones severas como cadena perpetua para quienes cometan homicidios, pero sectores democráticos señalan que será poco probable que el fuero militar-policial aplique sanciones apropiadas a sus propios miembros. El país enfrenta un serio retroceso democrático con medidas que evocan etapas oscuras del pasado.
