El proyecto que presentó Federico Sturzenegger a fines de marzo no es lo que parece. Bajo el nombre rimbombante de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el gobierno busca avanzar donde ya había sido frenado: derogar el corazón de la ley de tierras sancionada en 2011. Matías Oberlín, referente del Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA), lo explica claro: "Es un proyecto ómnibus que modifica un montón de leyes, acelera procesos de desalojo, modifica la ley de manejo del fuego, y su objetivo central es derogar los artículos más importantes de la ley de tierras". El gobierno ya lo había intentado con el DNU 70, pero un amparo judicial presentado por excombatientes de Malvinas de La Plata lo frenó. Ahora, con la nueva conformación de las cámaras, vuelven a la carga.
La ley de tierras del 2011 puso límites a un proceso que viene de los 90: la compra masiva de territorio por parte de grandes corporaciones y magnates que no viven en el país. Establece que el 15% del territorio nacional, provincial y subprovincial puede estar en manos extranjeras, con topes por nacionalidad y restricciones en zonas fronterizas y ribereñas. Hoy hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, el equivalente a toda la provincia de Santa Fe. Pero el problema se agrava cuando se mira por provincia: Misiones supera el 11% de extranjerización, y cuatro departamentos limítrofes con Paraguay ya exceden el 15% legal. Iguazú directamente supera el 30%, una de cada tres hectáreas está en manos extranjeras. El artículo 29 del proyecto de Sturzenegger deroga de un plumazo esos límites, y el artículo siguiente elimina una ley de 1944 que protegía los territorios fronterizos como zonas de seguridad nacional.
Oberlín denuncia la estrategia comunicacional del gobierno: "Ponen los huevos en un lugar y cantan en otro". Mientras el nombre del proyecto apela al sacrosanto derecho a la propiedad privada, lo que realmente se busca es desarmar la capacidad del Estado de declarar tierras de utilidad pública y despojar a comunidades indígenas, pequeños productores y familias que vienen demandando regularización dominial. "El gobierno derogó la ley que obligaba al Estado a terminar el registro de comunidades indígenas. Hay una clara voluntad de despojo para ofrecer esos territorios a grandes capitales extractivistas", advierte. El Observatorio, creado el 10 de diciembre, lanzó un mapa interactivo en www.observatoriodetierras.ar donde se puede ver la superposición entre tierras extranjerizadas, proyectos mineros y conflictividad social, como el caso de Cushamen en Chubut. Mañana habrá una conferencia de prensa a dos cuadras del Senado, organizada por la Federación de Docentes Universitarios, para instalar el debate que los grandes medios miran para otro lado.
