El desalojo de las comunidades mapuche Kinxikew y Melo, en Villa La Angostura, quedó suspendido. La noticia recorrió las redes esta mañana cuando Noelia Huenumil, inan lonko de la lof Melo, confirmó que las familias volvían a sus rucas y que el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Neuquén se retiraba del lugar. El juez Francisco Astoul Bonorino tomó la decisión después de que la diligencia, prevista para el 20 de agosto, se adelantara un día y no pudiera completarse en los términos ordenados.
El operativo del 19 de agosto fue violento. Las crónicas coinciden en que la policía neuquina cortó cadenas y golpeó a las familias que resguardaban sus casas, pese a que el ministro de Gobierno Jorge Tobares había comprometido que la provincia no prestaría sus fuerzas para reprimir. El adelantamiento dejó parcialmente desalojada a la lof Kinxikew y puso en vilo a la Melo, que resistió. Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados y Abogadas y representante legal de las comunidades, explicó que al no concretarse el procedimiento, corresponde dar por frustrada la diligencia y retirar a todas las partes intervinientes, incluidas las fuerzas de seguridad y la familia demandante, los Broer.
La medida no resuelve el conflicto de fondo. Las tierras en disputa, parte del lote pastoril 42, fueron asignadas a los antepasados de los Melo y Kinxikew tras la campaña militar conocida como Conquista del Desierto. Las comunidades las recuperaron en 2011 y desde entonces mantienen un resguardo que choca con los Broer y la administración pública. El Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció el asentamiento desde antes de 1902, el INAI inscribió su personería jurídica en 2006 y en 2023 les reconoció la ocupación tradicional. Antecedentes que el juez interviniente ignoró.
Lo que sí cambió el escenario fue la respuesta popular. Según los registros de la jornada, más de mil personas pasaron por el resguardo durante el fin de semana, en un caravanazo que partió desde Bariloche y Villa La Angostura con cerca de 300 vehículos. Comunidades, organizaciones indígenas, sociales y políticas de todo el país expresaron su solidaridad. Sánchez valoró esa movilización y sentenció: “Los derechos cuando no se ejercen es como si no existieran”.
El abogado planteó que el nuevo Código Procesal de Neuquén abre la puerta a un arbitraje, una instancia de diálogo que evite los límites de la disputa judicial. Mientras tanto, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza, repudió la política de despojo que, denuncian, ya no es un caso aislado sino parte de un plan sistemático contra los pueblos originarios. La suspensión deja en evidencia que la resistencia territorial y la presión social pueden torcer, al menos por ahora, el brazo represivo del Estado.
