La comunidad originaria Antigal de Juella, en Jujuy, enfrenta una orden de desalojo inminente sobre la familia Sajama, cuatro hijas y once nietos que habitan ese territorio desde hace cinco décadas. La medida, impulsada por el juez Puca, se apoya en un litigio sucesorio iniciado por terceros y beneficiaría al terrateniente Baleiro, en el marco de negocios inmobiliarios en la Quebrada.
El expediente está dirigido a Leonides Sajama, el abuelo ya fallecido, lo que deja a la familia sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa ni de que se reconozca su pertenencia a un pueblo indígena. El terreno figura como tierra fiscal y la provincia no valida la posesión ancestral, pese a que las familias construyeron sus hogares y trabajan la tierra sembrando maíz y criando ovejas y chivos. “Nos quieren desalojar injustamente de la casa donde viví con mis hijos, mis padres y mis abuelos”, denuncian.
La comunidad realizó una conferencia de prensa en Plaza Belgrano para exigir la suspensión de la orden y el respeto a sus derechos territoriales, pero no obtuvo respuestas de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Señalan a la intendenta Sonia Pérez como parte de una trama de despojo, y recuerdan el caso de la familia Soruco en Santa Rosa, Humahuaca, donde el operativo policial avanzó sin Defensoría de la Niñez. Gustavo Ontiveros, antropólogo de Qhapaq Ñam, definió la situación como un despojo institucional que anula la reparación histórica. Los intentos previos de desalojo en 2024 y 2025 fueron frenados por el apoyo comunitario. La familia asegura que no conoce a los supuestos dueños y que la reforma provincial habilita la venta de tierras ignorando la posesión ancestral. El comunicado de la comunidad es contundente: el Poder Judicial de Jujuy no es imparcial ni justo.
