A trece años del acuerdo que abrió las puertas al fracking en la formación neuquina, la producción de hidrocarburos no convencionales vive su mejor momento mientras la promesa de bienestar colectivo sigue siendo eso: una promesa. Las crónicas del aniversario coinciden en que el "derrame" social nunca se materializó y el costo ambiental y laboral lo pagan las comunidades y los trabajadores.
El punto de partida fue la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de impulsar la explotación no convencional, que incluyó un pacto con la estadounidense Chevron y un sistema de subsidios estatales que se mantuvo y profundizó con Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el Estado nacional destinó más de 12.000 millones de dólares en subsidios para encender el motor extractivo, sin que ese gasto se traduzca en mejoras para el grueso de la población.
Hoy el RIGI, el régimen de incentivos del gobierno libertario, suma un nuevo capítulo. El Centro de Economía Política Argentina estima un costo fiscal anual de hasta 2.362 millones de dólares por reducción de impuestos y beneficios a las grandes inversiones. Solo el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la barcaza de licuefacción en Las Grutas concentrarían 1.289 millones de dólares anuales de ese costo.
La estatización parcial de YPF, que buscaba cerrar la sangría de dólares por importaciones energéticas, es leída hoy como un fracaso respecto de sus objetivos. El CEO de la compañía, Horacio Marín, afirmó que "Vaca Muerta no se desarrolla sin YPF", aunque los beneficios de la rentabilidad extraordinaria no llegan al Estado ni a los trabajadores. En los yacimientos, la reducción del costo laboral y los convenios que aumentan la productividad dejaron más de una decena de muertes, y ahora se suma un bono por "meta cumplida" que profundiza la superexplotación.
Con Vaca Muerta concentrando casi el 90% de las inversiones petroleras del país, las cuencas convencionales quedaron desmanteladas y la promesa exportadora sigue chocando contra la falta de infraestructura. El saldo de la década es claro: las ganancias se acumulan en las operadoras, los dólares se van en dividendos y deuda externa, y el bienestar colectivo quedó en el discurso.
