La inclusión del convenio UPOV 91 en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur reactivó el debate por la reforma de la Ley de Semillas en la Argentina. El tratado convierte el derecho al uso propio de los agricultores en una facultad reglamentada: habilita a las empresas a cobrar regalías por cada resiembra y a combinar ese sistema con el patentamiento biotecnológico. El secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, justificó la avanzada al asegurar que el "70% del comercio de semillas es ilegal en la Argentina", un marco conceptual que, según organizaciones campesinas, apunta a criminalizar la práctica consuetudinaria de reutilizar, almacenar e intercambiar simientes.
El impacto recae con dureza sobre economías regionales y la agricultura familiar. Mientras los cultivos extensivos operan con un mercado informal que representa entre el 30% y el 50% de las siembras, el sector hortícola comercial depende en un 70% a 90% de híbridos importados. Variedades desarrolladas por el INTA, como la serie UCO, permiten a pequeños productores reducir costos reutilizando semillas y garantizar cierta autonomía del sistema financiero. Bajo el nuevo esquema, cultivos de reproducción vegetativa como la papa, el ajo o la frutilla quedarían sujetos a una fiscalización que obligaría a pagar derechos en cada ciclo, afectando directamente la viabilidad del Oasis de Cuyo y las economías del NOA y Buenos Aires.
El argumento de la propiedad intelectual choca con un dato de base: un cultivo promedio tiene entre 25.000 y 45.000 genes, una genética desarrollada colectivamente durante más de diez mil años, mientras las empresas modifican apenas entre 1 y 3 genes y reclaman derechos sobre la totalidad de la planta. Las cifras de la FAO advierten que en el último siglo se perdió cerca del 75% de la diversidad genética de los cultivos a nivel mundial. La eventual adopción del UPOV 91 reorganizaría el mapa agroalimentario argentino, acentuando la brecha entre el modelo de commodities y el entramado local, y exponiendo los sistemas productivos a crisis derivadas de nuevas plagas ligadas al cambio climático. La discusión define quién controla la base misma de la alimentación.
