La causa COMARSA, que investiga la contaminación por residuos petroleros en Vaca Muerta, está en un momento definitorio. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén debe decidir si habilita el juicio oral o si, como piden las defensas, cierra el caso con una probation, que evita el debate y deja el expediente sin condenas. En el centro de la disputa aparece una prueba clave: el cuaderno personal de Juan Manuel Luis, dueño de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A., donde anotó estrategias para evitar riesgos judiciales y ocultar el pasivo ambiental de su planta. La copia digital del documento, a la que Canal Abierto accedió en exclusiva, fue convalidada por la perito calígrafa María Agustina Lázaro, quien confirmó la autoría del empresario.
Las anotaciones describen una “Estrategia COMARSA” que menciona contactos con el fiscal general de la provincia, José Ignacio Gerez, y pedidos de cobertura al entonces gobernador Jorge Sapag y al actual mandatario Rolando Figueroa. En un fragmento se lee: “Gestionar el frente judicial. Retrasar o que descarten presentación de cargos. En 2 años prescribe, si se presentan cargos se reinicia el plazo (Habló con Gerez)”. Otras páginas revelan la intención de crear “planes de ficción” para simular remediaciones: “APARIENCIA DE QUE VAMOS A ESTAR CUMPLIENDO. EVITAR DOLO”, escribió Luis.
El caso nació en 2020 por una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Se investiga el acopio ilegal de más de 300 mil metros cúbicos de residuos peligrosos en el Parque Industrial Neuquén Oeste, a metros de barrios de la capital provincial. La empresa, instalada en 2014 en un predio cedido por la provincia, acumulaba desechos del fracking a cielo abierto, sobre suelo sin impermeabilizar, y entregaba certificados de tratamiento que no realizaba. El informe experto de Pedro Biscay, consultor de la OEA y la ONU, concluye que las notas evidencian una “doble lógica de realidad y apariencia” y un sistema de acuerdos entre el mundo empresarial y la política.
La causa ya tuvo idas y vueltas: en marzo de 2026 un juez de garantías otorgó la probation, pero el Tribunal de Impugnación la revocó en abril y ordenó el juicio oral. Ahora, la decisión final está en manos del máximo tribunal provincial. Un cierre con probation, después de seis años de investigación y con una prueba manuscrita que describe maniobras para eludir la ley, dejaría el negocio de los basureros petroleros sin un solo responsable penal.
