La historia de la explotación petrolera en Uruguay se remonta a 1982, con intentos fallidos que se repitieron en 2002 y entre 2012-2017. Al tiempo que el gobierno actual autoriza nuevas prospecciones para 2026, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) presenta un recurso de amparo histórico contra esta avanzada extractivista. La presidenta Mariana Mota denuncia que las empresas reconocen el impacto ambiental pero ofrecen medidas de mitigación insuficientes.
La técnica utiliza cañones de aire comprimido que emiten detonaciones de hasta 300 decibeles, afectando más de 300.000 km² de océano. Organizaciones como la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y Socobioma enfrentan obstáculos judiciales: el juez Federico Tobia se declaró incompetente para tratar su medida cautelar, evitando analizar el fondo ambiental de los contratos.
El gobierno defiende duplicar medidas de protección para ballenas, delfines y tortugas, prohibiendo actividades a menos de mil metros. Por otra parte, la Justicia tiene tres días para convocar audiencia sobre el amparo. Las organizaciones ambientalistas buscan ahora la nulidad absoluta de los contratos firmados por Ancap, considerados inconstitucionales.
Esta batalla jurídica expone la tensión entre el modelo extractivista y la protección ambiental. La movilización social crece al tiempo que el barco para prospección ya llegó al país en febrero. La pregunta central: ¿quién paga el costo real de esta actividad cuando el daño ecológico es irreversible? La defensa colectiva del mar se consolida como trinchera contra la lógica depredadora del capital.
