La Patagonia argentina se convirtió en el botín de una sofisticada operación de apropiación ilegal por parte del Estado de Emiratos Árabes Unidos. La confesión del empresario santafesino Hugo Barabucci en un juicio por usurpación reveló el mecanismo: compró 20 mil hectáreas en el cerro Carreras con dos millones de dólares "donados" por el gobierno emiratí, donde trabaja como directivo de un club de polo estatal. Esta declaración judicial abrió la caja de Pandora de un entramado que suma 50 mil hectáreas apropiadas mediante testaferros, sociedades pantalla y fideicomisos diseñados para violar las leyes argentinas.
El mecanismo de extranjerización comenzó en 2017 con la compra de Barabucci a Marcelo Mindlin, quien había adquirido las tierras a precios irrisorios. La trama societaria se perfeccionó con la creación de Manzil SA, cuyo nombre en árabe significa "morada", y Gengis Real State, donde Barabucci figuraba como accionista minoritario. El corazón del ocultamiento fue el fideicomiso Amaike, que formalmente puso las tierras bajo administración argentina pero con beneficiarios controlados por capitales emiratíes.
La operación avanzó con aumentos de capital que desplazaron la propiedad hacia ciudadanos emiratíes de alto rango: Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, general retirado y presidente del Consejo Nacional Federal de EAU, y Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, operador de confianza del emir Mohamed bin Zayed Al Nahayan. Estos personajes construyeron ilegalmente cinco complejos de mansiones, helipuertos y una pista de 2,5 kilómetros en tierras que violan la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Seguridad de Fronteras.
El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck intentó justificar lo injustificable, afirmando que "las propiedades están a nombre de sociedades argentinas" como si eso legitimara la violación sistemática de normas que protegen la soberanía territorial. Su gestión permitió este desembarco que comenzó en 2016, contradiciendo su declaración de que las operaciones eran anteriores a su mandato.
El caso judicial que destapó el escándalo tenía como imputada a la weichafe mapuche Soledad Cayunao, acusada de usurpación en tierras que su comunidad defiende como veranada ancestral. La defensa argumentó que Barabucci podría haber violado la ley 26.737 al adquirir tierras a 45 kilómetros de la frontera con Chile mediante "interpósita persona", un delito que ahora deberá investigar el Ministerio Público Fiscal.
Esta trama expone cómo el capital extranjero utiliza mecanismos sofisticados para eludir protecciones legales, con la complicidad de autoridades provinciales que prefieren mirar para otro lado. La Patagonia, con sus glaciares, nacientes de agua y biodiversidad única, queda expuesta a intereses foráneos que priorizan el lucro sobre la soberanía territorial y ambiental. El conflicto mapuche, lejos de ser un problema de seguridad, revela la defensa de territorios estratégicos frente a un modelo extractivista que avanza con testaferros y papeles falsos.
