El régimen de Nayib Bukele ha cruzado una línea roja que debería escandalizar a cualquier sociedad que se pretenda civilizada. Con la firma de reformas constitucionales que permiten cadena perpetua para menores desde los 12 años, El Salvador institucionaliza la criminalización de la infancia más vulnerable. Esta medida, que entrará en vigor el 26 de abril, representa la culminación de una política de seguridad que privilegia el castigo eterno sobre la rehabilitación, la represión sobre la justicia social.
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele con 59 votos de 60 diputados, eliminó la prohibición constitucional de penas perpetuas. Ahora, adolescentes de 12 años podrán ser condenados a prisión de por vida por delitos como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Las reformas transforman juzgados de menores en tribunales criminales, un cambio estructural que refleja la filosofía punitivista del gobierno. Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF han expresado "profunda preocupación", recordando que el sistema debe priorizar la rehabilitación y reintegración de adolescentes.
Esta escalada punitiva se enmarca en un estado de emergencia permanente vigente desde 2022, que ha suspendido derechos constitucionales y permitido la detención de más de 91,650 personas -más del 1% de la población salvadoreña-. Bukele reconoce que menos del 10% han sido liberadas, confirmando un sistema de encarcelamiento masivo con cargos vagos y pocas pruebas. La alianza estratégica de Bukele con el régimen Trump ha fortalecido este modelo autoritario, debilitando controles democráticos y persiguiendo críticos, periodistas y opositores.
La reducción de homicidios, lograda mediante métodos cuestionables, no justifica la destrucción del estado de derecho. El gobierno ha detenido a menores durante años, según documenta Human Rights Watch, en operaciones donde prima la arbitrariedad sobre el debido proceso. Esta reforma constitucional consolida un proyecto político que busca perpetuarse en el poder, como demuestra la eliminación de límites presidenciales aprobada el año pasado. La criminalización de la pobreza y la juventud marginada se presenta como solución mágica, ignorando las causas estructurales de la violencia.
El neoliberalismo salvaje que generó las condiciones para el surgimiento de pandillas ahora se viste de mano dura punitiva. En lugar de invertir en educación, salud y oportunidades para la juventud, Bukele opta por construir más cárceles y condenar a niños a muerte civil. Esta política refleja la bancarrota ética de un modelo que sacrifica derechos humanos fundamentales en el altar del control social. La solidaridad regional debe cuestionar este precedente peligroso que normaliza la tortura institucionalizada contra la infancia más desprotegida.
