Daniel Radío acaba de ser electo como nuevo comisionado parlamentario para el sistema penitenciario con 99 votos sobre 101 en la Asamblea General. Es médico, exdiputado del Partido Independiente, exdirector de la Secretaría Nacional de Drogas y viene de integrar el directorio del INISA. Asume en un contexto crítico: Uruguay cerró 2024 con 16.624 personas presas, ocupa el puesto 13 entre los países con mayor tasa de prisionalización del mundo —456 personas por cada 100 mil habitantes— y el 46% de la población privada de libertad sufre tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el último informe de su antecesor Juan Miguel Petit.
Radío no es abogado, es médico de formación, y lo dice sin vueltas: "Es una desventaja comparativa". Pero su vínculo con la temática carcelaria viene de largo: integró durante diez años la Comisión de Seguimiento a la Situación Carcelaria del Parlamento. Y tiene una mirada que incomoda al sentido común punitivista. Para él, las cárceles uruguayas "son parte del problema, no de la solución". Explica que el sistema penitenciario tiene dos pilares —el retributivo y el instrumental— y que ninguno funciona: la gente delinque adentro y desde adentro, la reincidencia ronda el 70% y la rehabilitación brilla por su ausencia. "Las cárceles son criminógenas", sentencia.
Su plan no es refundacional, aclara. Apuesta a fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Rehabilitación, con una nueva ley orgánica, más personal técnico y gerencial, y una distribución presupuestal que priorice lo programático sobre lo básico. También pone el foco en la educación y el trabajo: hoy solo el 40% de las personas presas accede a alguna de esas dos cosas. Quiere que el trabajo sea remunerado y formal, que sirva para construir ciudadanía, incluso para jubilarse. "Antes de obligar a trabajar, ofrezcamos la posibilidad", dice, y marca distancia con la idea del trabajo forzado.
Sobre el hacinamiento —que supera el 120% en casi todo el sistema y llega al 174% en la unidad femenina N°5— Radío es contundente: la construcción de nuevas cárceles es "estrictamente necesaria y absolutamente insuficiente". Advierte que si no se revisan las políticas, siempre se estará corriendo el problema de atrás. Critica el modelo salvadoreño de encarcelamientos masivos —una de cada 50 personas está presa allá— y dice que Uruguay necesita revisar los "condicionantes ambientales" que llevan al delito, no solo aumentar penas. "Todo lo que se nos ocurre como legisladores es aumentar las penas, y eso desnaturaliza el sistema penal", afirma.
Radío también se refirió al proyecto de justicia terapéutica del Partido Colorado, que propone un programa piloto como alternativa a la prisión para personas con consumo problemático imputadas por delitos leves. Lo celebra como una excepción en un panorama donde predomina la mano dura, pero pide cuidado con lo simbólico: "No identifiquemos lo delictivo con el uso de sustancias". Y recuerda que, según una encuesta de la Intendencia de Canelones, el 70% de las personas en situación de calle no consumían antes de estar en la calle. "El consumo es consecuencia de la exclusión social, no la causa", concluye.
