Greenpeace México lanzó un duro cuestionamiento a la respuesta gubernamental ante el derrame de petróleo que afecta el Golfo de México desde hace semanas. La organización exige la declaratoria de emergencia ambiental y denuncia que las labores de limpieza son insuficientes y selectivas, enfocándose únicamente en playas turísticas mientras abandonan los ecosistemas más vulnerables donde el chapapote sigue recalando.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún no se ha identificado a la empresa responsable del derrame, aunque la Profepa señala que fue una empresa privada. La mandataria conformó un equipo multidisciplinario que incluye a la FGR para investigar las causas, integrado por las secretarías de Marina, Energía, Profepa, ASEA, Pemex y Semarnat. Este grupo se reúne para analizar si todavía hay fugas activas o fue un incidente único.
Según datos oficiales, se han recolectado alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en Veracruz y Tabasco. Pemex ha destinado más de 35 millones de pesos en apoyos a comunidades pesqueras, incluyendo suministro de combustible y adquisición de artes de pesca. La empresa estatal también incorporó temporalmente a pobladores afectados para labores de saneamiento.
Sin embargo, Greenpeace señala que estas acciones son cosméticas y no abordan el problema de fondo. La organización denuncia que mientras las playas de Dos Bocas en Tabasco ya se promocionan como "limpias" para no afectar el turismo, los manglares y zonas de pesca artesanal continúan contaminados. La ASEA ha realizado 11 recorridos de supervisión y emitido 5 requerimientos a empresas con operaciones en el Golfo, pero aún sin resultados concluyentes sobre el origen.
La crítica de Greenpeace expone la contradicción entre el discurso ambientalista del gobierno y la realidad de una respuesta que prioriza la imagen sobre la ecología. La organización cuestiona por qué no se ha declarado emergencia ambiental cuando el derrame ya se extendió 630 kilómetros y afecta ecosistemas críticos. La falta de transparencia sobre el origen del derrame y la lentitud en la identificación del responsable reflejan un patrón donde las comunidades más vulnerables y los ecosistemas menos visibles pagan el precio del extractivismo.
