La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de febrero de 2020 fue clara: Argentina violó los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua de los pueblos Wichi, Yyojwaja, Qom, Nivakle y Tapy'y, organizados en la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra). El fallo ordenó al Estado delimitar, demarcar y titular 400 mil hectáreas bajo un título único, sin divisiones internas, en un plazo máximo de seis años. Ese plazo venció el 6 de abril de 2026 y el cumplimiento sigue siendo una promesa vacía.
La lucha arrancó mucho antes. En 1984 las comunidades pidieron al gobierno de Salta el título de propiedad del territorio que ocupan desde siempre, en los lotes 55 y 14 del departamento San Martín, sobre la margen derecha del río Pilcomayo. Francisco Pérez, referente histórico de Lhaka Honhat, contaba que ya en los años sesenta el gobierno quería parcelar la zona, urbanizar las misiones y crear colonias para que gente con plata comprara tierra. "La vida nuestra depende del monte, de las artesanías, de la cacería, de la recolección de frutos, del pescado", explicaba. Por eso exigían un territorio unificado, no lotes individuales que rompieran su forma de vida.
El proceso fue una carrera de obstáculos. En 2005 el gobierno salteño convocó un referéndum vinculante para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la entrega de tierras. Rogelio Segundo, miembro de la organización, preguntó con toda lógica: "¿Por qué tenemos que votar si queremos que se nos entregue la tierra si nosotros somos dueños de la tierra?" La Comisión Interamericana admitió la denuncia en 2006, emitió su informe de fondo en 2012 y el caso llegó a la Corte en 2018. La condena llegó en 2020, pero el Estado pidió prórrogas una y otra vez.
Hoy la situación es desesperante. La Unidad Ejecutora Nacional se desarmó en 2023 y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pasó a ser una subsecretaría dentro del Ministerio del Interior. Los técnicos llevan tres meses sin cobrar, el trabajo de campo está paralizado, aparecieron 45 nuevos alambrados instalados después de la sentencia y no hay información confiable sobre las intrusiones de terceros. La eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas y la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena agravan el cuadro. Desde 1984 que Lhaka Honhat reclama lo que la Constitución y la Corte ya reconocieron: el derecho a existir en su territorio, sin divisiones, como siempre lo hicieron.
