La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presenta cifras que muestran cuatro años consecutivos de reducción del hambre en América Latina y el Caribe. Los números indican que 33 millones de personas aún padecen hambre en la región, una cifra que debería escandalizar más que aliviar. La narrativa oficial destaca progresos sostenidos, pero omite mencionar que una de cada cuatro personas enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. Cerca de 182 millones de latinoamericanos no pueden costear una dieta saludable, revelando la profunda brecha entre estadísticas oficiales y realidad cotidiana.
Durante la 39 Conferencia Regional de la FAO en Brasilia, el subdirector general René Orellana Halkyer presentó los resultados del bienio 2024-2025. La organización enfatizó su trabajo en marcos normativos, fortalecimiento institucional y promoción de inversiones estratégicas. Se mencionan avances en gestión sostenible de suelos, agricultura resiliente al clima y capacitación de más de ocho mil agricultores mediante el Programa Mundial de Doctores del Suelo. Los Estados reforzaron su compromiso con el Plan de Seguridad Alimentaria de la Celac 2030.
La FAO insiste en enfoques técnicos como solución principal: agricultura climáticamente inteligente, conservación de biodiversidad, neutralidad en degradación de tierras. Estos avances logrados con políticas públicas progresistas podrían multiplicarse si se enfrentara la acumulación obscena que drena recursos vitales. El cambio climático es una amenaza real, pero la desigualdad económica es el enemigo estructural que la organización omite nombrar. La verdadera transformación de los sistemas agroalimentarios requiere cuestionar el modelo extractivista y la concentración de la tierra, no solo adaptarse a sus consecuencias. El hambre no se combate solo con adaptación climática, sino con redistribución radical de la riqueza que ponga los alimentos al servicio de los pueblos y no de las corporaciones.
