El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impuso multas de 18.000 dólares a miembros del colectivo Yasunidos, una medida que activistas y organizaciones de derechos humanos califican como persecución política. Esta sanción económica se produce en un contexto donde el gobierno ecuatoriano sistemáticamente incumple el resultado de la consulta popular de 2023, donde el 59% de la ciudadanía votó por dejar el crudo del Parque Nacional Yasuní en el subsuelo.
A pesar del mandato popular vinculante y del plazo establecido por la Corte Constitucional que vencía en febrero de 2025, la extracción petrolera continúa sin pausa. Según datos oficiales de Petroecuador, del bloque ITT siguen saliendo diariamente más de 42.000 barriles de petróleo. La Veeduría Ciudadana establecida para vigilar el cumplimiento denunció ante la Asamblea Nacional que "el Estado ecuatoriano incumple el resultado de manera flagrante", vulnerando principios básicos de democracia y Estado de derecho.
El gobierno argumenta una supuesta reducción del 2,5% en la producción, pero Yasunidos sostiene que esto responde al declive natural del yacimiento y no a una decisión política de respetar la voluntad popular. De los 246 pozos existentes en el bloque 43, apenas se han cerrado 10 desde 2024, evidenciando una estrategia de dilación que beneficia intereses extractivistas.
Esta persecución a defensores ambientales se enmarca en un contexto más amplio de concentración de poder y criminalización de la protesta social. El gobierno ecuatoriano avanza con la Ley de Fortalecimiento Minero, que contraviene derechos constitucionales como la consulta previa y podría convertir a las Fuerzas Armadas en guardias privadas de corporaciones transnacionales. La defensa del Yasuní representa hoy una batalla crucial por la democracia real, donde el poder económico y político se impone sobre la voluntad ciudadana y la protección de ecosistemas vitales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
