La contradicción es brutal y reveladora. Al mismo tiempo que el gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares para facilitar el avance extractivista, en Río Negro se autoriza a la empresa TAMAR MINING S.A. realizar cateos de oro y plata en el Alto Río Chubut, zona declarada en emergencia hídrica por sequía. La legisladora Magdalena Odarda presentó un proyecto para frenar este "atropello institucional y ambiental" que viola flagrantemente la priorización excluyente del agua para consumo humano establecida en el decreto provincial Nº 40/2026. El permiso minero abarca 9.998,86 hectáreas en área cordillerana donde nace el Río Chubut, afectando territorios de ocupación ancestral Mapuche y ecosistemas glaciarios.
En paralelo, la reforma glaciar enfrenta una resistencia masiva. Casi 8.000 personas y organizaciones se anotaron para participar en las audiencias públicas convocadas en Diputados, complicando los planes del oficialismo que aspiraba a aprobar la modificación antes de fines de marzo. La oposición, encabezada por Maximiliano Ferraro, logró imponer el debate público invocando el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que el propio gobierno había cuestionado. Especialistas como Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunciaron que "están modificando la ley a medida de un proyecto minero y no al revés", mencionando a la mega minera BHP como potencial beneficiaria.
La hipocresía del sistema salta a la vista. Por una parte se declara emergencia hídrica para proteger el consumo humano, y por otra se habilita en silencio la megaminería en las fuentes mismas del agua. El caso de Río Negro es emblemático: la empresa TAMAR MINING, vinculada a capitales israelíes y emiratíes, opera sin estudios de impacto ambiental públicos ni consulta previa a comunidades indígenas. Miembros de la Lof Cayunao ya denunciaron que las aguas del Río Chubut bajaban "con gran cantidad de espuma", turbias y con "consistencia viscosa, como barro".
Esta doble jugada expone la lógica perversa del extractivismo: mientras se simula preocupación ambiental con declaraciones formales, se avanza con concesiones que benefician a corporaciones transnacionales. La resistencia colectiva, sin embargo, se organiza. Las casi 8.000 inscripciones para las audiencias públicas muestran que la sociedad no está dispuesta a aceptar pasivamente el despojo. Como señaló Nicolás del Caño, "es la lucha la que puede frenar esta ley", recordando las victorias de los pueblos de Chubut, Mendoza y Jujuy contra proyectos similares. La batalla por el agua y los glaciares es, en definitiva, una batalla por la democracia misma.
