El Congreso argentino se convierte en escenario de una batalla crucial por el futuro del agua. La reforma de la Ley de Glaciares, ya aprobada por el Senado, busca eliminar las protecciones ambientales que resguardaban las zonas periglaciares, transfiriendo a los gobernadores de provincias mineras la facultad de autorizar proyectos extractivos en áreas antes estrictamente prohibidas. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei a pedido de gobernadores aliados de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, pretende habilitar la minería a gran escala mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La audiencia pública en Diputados comienza bajo una nube de cuestionamientos. De más de 100 mil inscriptos, solo 360 expositores fueron confirmados para participar, generando denuncias de recorte deliberado de la participación ciudadana. Organizaciones ambientales, pueblos originarios y movimientos sociales convocaron protestas frente al Congreso bajo la consigna "hacer fila hasta que nos dejen hablar", denunciando que la limitación de la palabra busca imponer una reforma que pone en riesgo el recurso hídrico fundamental.
El proyecto modifica criterios clave: ya no habrá prohibición automática en zonas cercanas a glaciares, sino que la protección dependerá de estudios técnicos que demuestren "función hídrica relevante". Si no se comprueba científicamente el aporte de agua a las cuencas, el área queda habilitada para explotación. Los gobernadores argumentan que el inventario glaciar está desactualizado, pero defensores ambientales señalan que la falta de fondos impidió mantenerlo al día.
Esta reforma representa un giro radical en la política ambiental argentina, priorizando el desarrollo extractivo sobre la protección de recursos estratégicos. La concentración de poder en gobiernos provinciales aliados al oficialismo nacional configura un escenario donde las decisiones sobre bienes comunes quedarán sujetas a intereses económicos inmediatos, desarticulando mecanismos de control federal y participación ciudadana que tardaron años en construirse.
