Las comunidades mapuche de La Araucanía le clavaron un sumario al fiscal nacional Ángel Valencia. En una carta abierta respaldada por 21 comunidades de Lautaro, Curacautín, Perquenco, Victoria, Lonquimay y Padre Las Casas, exigen una investigación administrativa contra el fiscal adjunto Miguel Velásquez Droguett, a quien acusan de racismo, difamación institucional y uso indebido de recursos públicos. El detonante fue la absolución del lonko Guillermo Ñirripil, a quien la Fiscalía le pedía 22 años de presidio por robo con intimidación y extorsión, pero el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco lo declaró inocente de esos cargos el 9 de julio, dejando solo una condena por amenazas cuya sentencia se conocerá el 20 de julio.
Lo que más indigna a las comunidades es lo que pasó después del veredicto. Apenas un día después, el 10 de julio, el fiscal Velásquez publicó en las plataformas oficiales de la Fiscalía de La Araucanía un video y capturas del juicio anterior, omitiendo completamente la absolución. La carta califica esa movida como un "acto de difamación institucional tendenciosa" que busca "perpetuar la condena social y mediática" contra la autoridad mapuche. Las comunidades denuncian que ese material fue "capitalizado y amplificado" por grupos que históricamente fomentan el odio racial en la región, configurando lo que llaman una "criminalización paralela" que usa al Ministerio Público como herramienta de estigmatización.
El escrito recuerda que Velásquez ya tiene antecedentes pesados en la zona, como el "Caso Hagan" que terminó en una millonaria indemnización por error judicial, y las largas prisiones preventivas de comuneros que después fueron absueltos. Por eso, las comunidades exigen el retiro inmediato de la publicación oficial, la apertura de un sumario por faltas a la probidad y tratos discriminatorios por origen étnico, y explicaciones institucionales sobre la exhibición de pruebas descontextualizadas. "El resguardo de la honra de un Lonko no responde a la protección de un cargo civil, político o transitorio", subraya la carta, recordando que la investidura del lonko es permanente, espiritual, política y social. El mensaje final es claro: el Ministerio Público debe ser garante de la paz social, no un actor de la guerra contra el pueblo mapuche.
